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Anticorrupción advierte al BBVA que el contrato de seguridad de FG fue “ilícito”

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La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a cuestionar los servicios que contrató BBVA con el entramado empresarial de José Manuel Villarejo. Además de los encargos sobre espionaje a terceros que la entidad efectuó a Cenyt, el Ministerio Público también tiene en su punto de mira la contratación de los servicios para garantizar la seguridad del entonces presidente, Francisco González. Según expone, se trata de un hecho “ilícito” por cuanto la investigación ha permitido acreditar que este servicio lo prestó el comisario jubilado desde Cenyt mientras era un policía en activo. 

“A diferencia de lo alegado por BBVA, tal informe de seguridad del presidente contiene todas las características para concluir que la fuente de información no eran fuerzas de seguridad sin más, sino las que de modo privado e ilícito habría contratado la entidad en su espúreo beneficio”, reza Anticorrupción. La Fiscalía explica que, de los documentos analizados, se concluye que estos servicios los prestó Cenyt puesto que ha quedado acreditado que uno de los informes de seguridad de Francisco González se lo remitió el socio de Villarejo (Rafael Redondo) a Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad del BBVA. Así lo recoge un escrito firmado por los fiscales iniciales del caso (Miguel Serrano e Ignacio Stampa) en el que intentaron dar respuesta a todas las peticiones formuladas por las partes personadas en esta pieza novena de la causa. 

 Así pues, además de pronunciarse sobre los servicios de protección para la Presidencia de la entidad, los fiscales resolvieron todas las solicitudes efectuadas por las presuntas víctimas de Villarejo y por la propia entidad, imputada en la causa como persona jurídica. Casi todas estas cuestiones estaban relacionadas con la investigación interna que encargó BBVA a la firma PwC para esclarecer quien contrató los servicios del policía retirado. Aunque esta investigación sigue en activo, el banco considera que debería ponerse fin al asunto y no seguir poniendo el foco en el ‘forensic” toda vez que ha entregado más de 2,5 millones de hits (búsquedas) sobre todos los encargos efectuados a lo largo de 13 años. Sin embargo, las víctimas de estos espionajes están pidiendo insistentemente más documentación que arroje luz sobre los trabajos de Cenyt.  

Aunque la Fiscalía se niega a acceder a algunas diligencias propuestas por los afectados (como puede ser el hecho de investigar si hubo tratos de favor de la Policía al banco), sí que ha puesto el foco en otros asuntos. Entre ellos se encuentran examinar detenidamente quienes trabajaron para el departamento de Seguridad de BBVA en el momento de los hechos así como en qué consistieron los contratos firmados con Cenyt para garantizar la seguridad de FG. Al respecto, Anticorrupción busca más datos sobre estas supuestas contrataciones pese a que tanto la defensa legal del banco como el propio Francisco González consideran que no se debe indagar más esa vía en tanto se trata de un asunto confidencial el cual, además, puede afectar a secretos de empresa y a derechos de terceras personas.  

Francisco González BBVA

“Alegaciones exculpatorias”

En lo que respecta a las contrataciones con el entramado de Villarejo, BBVA siempre se ha desligado de este asunto y ha relegado las relaciones laborales a dos personas casi exclusivamente: el exjefe de seguridad, Julio Corrochano y el que fuera directivo de Riesgos, José Antonio Béjar. Sobre este asunto la Fiscalía concluye que realiza “alegaciones exculpatorias” y que, en contra de lo que sostienen, existen indicios de que algunos de los directivos imputados en este caso conocían la condición policial de Villarejo mientras trabajó para BBVA (entre los años 2004-2017) así como el hecho de que vulneró derechos fundamentales de las personas espiadas al acceder de manera ilegal a sus comunicaciones telefónicas o datos bancarios. 

La Fiscalía también se pronunció sobre una de las principales fuente de conflicto en los últimos meses en esta causa: el forensic. La investigación interna que ahora queda en manos de la Policía Judicial por orden del juez, se tornó en contra de la entidad después de que el auditor de PwC responsable del trabajo explicara en sede judicial que no había incluido algunas búsquedas por orden expresa de la defensa legal de la entidad. Ello llevó a que algunos afectados como Luis Pineda o Luis del Rivero pidieran todas las evidencias digitales localizadas para su análisis (e-discovery). El banco respondió oponiéndose e incluso les acusó de beneficiarse de una prueba costeada por ellos mismos. 

“Lo que en modo alguno resulta procedente es acceder a que ese e-discovery sea dirigido por nadie más que por quien lo contrató, es decir, la firma Garrigues en representación de BBVA”, respondió Anticorrupción en su escrito de finales de septiembre. A su juicio, la necesidad de entregar todos los ‘hits’ sobre los protagonistas de los espionajes no es necesaria sino “imprescindible” dejando claro de antemano que de toda esta vasta documental se apartaría todo aquello que no tuviera una relación directa con la causa. De hecho, así lo explicó el magistrado en su decisión posterior en la que también acordó citar como testigo a la que fuera secretaria de Corrochano en el departamento de seguridad. 

Julio Corrochano

Control de los informes

En su cita judicial del pasado mes de noviembre, Elena Martín, ya jubilada, confirmó que se cruzó correos con el socio de Villarejo en Cenyt, Rafael Redondo y también reveló que en algunos de ellos se hacía referencia a la necesidad de retocar informes solicitados por el banco. Según confirmó, en alguna ocasión dieron órdenes a Cenyt para que se corrigiera el contenido de esos trabajos antes de que fueran definitivos. De acuerdo con la documental que obra en el sumario y a la que ha tenido acceso este diario, uno de ellos es el relativo a la seguridad del presidente. Bajo el título de ‘Resumen Ejecutivo’, el documento alertaba de hechos que incrementaban el riesgo del entonces presidente y los relacionaba de manera “directa” con la causa penal de Ausbanc, que ahora mismo se encuentra en fase de juicio. 

El informe resaltaba la actitud “violenta y vengativa” de Pineda y sus lazos en prisión con delincuentes “altamente peligrosos”. La corrección consistió en modificar las atribuciones de Pineda a FG. De este modo, cambiaron que el abogado atribuía a FG su “situación procesal” elevando el tono hasta situarle como “autor intelectual de su situación procesal”. Estas divergencias se han hecho patentes en los últimos meses, pues mientras González sostuvo ante el juez que sufrieron una campaña de acoso por parte de Ausbanc, Pineda alega lo contrario y asegura que todo lo relativo a la operación Nelson es obra de Villarejo y del banco, con el que mantiene una fuerte enemistad. 

Sobre este asunto también se pronunció Anticorrupción en su escrito dejando claro que forma parte del caso Tándem. “Debe recordarse que la génesis de la denuncia ‘anónima’ interpuesta ante la UDEF por BBVA sí es objeto de la presente causa en la medida en que existen indicios de que BBVA habría contratado a Villarejo para que, a través de sus empresas, efectuara una investigación sobre Pineda, Ausbanc y otros utilizando fuentes de información reservada de manera ilegal de modo que la UDEF incoara posteriormente diligencias aprovechándose de tal encargo y que tales actuaciones tuvieran un desarrollo procesal posterior”, respondieron los fiscales en referencia a la existencia del Proyecto Pin sobre la figura de Pineda y que fue adelantado por este diario. 

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