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Calviño calcula que un 30% del crédito asegurado por el Estado será fallido

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Se avecinan tiempos complicados para la economía y, en especial, para las empresas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez es consciente de ello y, por eso, ha creado un escudo para el riesgo de crédito con el fin de evitar que la recuperación sea aún más complicada para las empresas. Tras recibir el visto bueno de Bruselas y evitar que este movimiento sea considerado como una ayuda de Estado con una nueva redacción del proyecto, el Ministerio de Economía, a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), está listo para comenzar a recibir solicitudes con unas cuantías máximas que rondarían los 500 millones de euros en dos años. En cambio, y como consecuencia de las previsiones de la situación que se avecina de cara a los próximos ejercicios, el equipo de Nadia Calviño ha calculado que aproximadamente un tercio del crédito reasegurado por el Estado se convertirá en fallido, confirman fuentes conocedoras a La Información

En concreto, y de acuerdo con las mismas fuentes, el Ministerio espera una siniestralidad de este reaseguro que ronde los 150 millones de euros, cifra que deberá ser reembolsada por las diferentes entidades que se acojan a este beneficio en un plazo máximo de diez años. Este fue uno de los principales caballos de batalla del sector asegurador que solicitaba que el fondo fuese no reembolsable, como ocurre en otros países de Europa que han puesto en marcha iniciativas similares. Finalmente, las compañías privadas no consiguieron doblegar al Estado y las cuantías de las pólizas que ahora se reaseguren y que acarreen pérdidas deberán ser devueltas.

EFE

La ‘comercialización’ de este tipo de seguros y reaseguros acaba de recibir el  visto bueno de Bruselas después de que el Ministerio de Economía se viese obligado a modificar la redacción inicial del proyecto. Para pasar el filtro y evitar que la Unión Europea las considerase ayudas de Estado, un punto que se barajó durante meses, el equipo de Calviño incluyó en la información remitida a las autoridades comunitarias que la comercialización se hará, tanto en el caso del seguro que pueda proveer CESCE como en el reaseguro que se lleve a cabo desde el CCS, “a precio de mercado“.

Tanto el CESCE como las compañías privadas que lo soliciten podrán reasegurar hasta unos 500 millones de euros en dos años -2020 y 2021-, confirman fuentes del sector asegurador. El sector espera que sea el próximo año cuando la morosidad, ahora latente como consecuencia de la política fiscal de ayudas que ha implementado el Gobierno, empezará a crecer con el consiguiente riesgo para el sistema crediticio. 

Ante esta situación, el Ejecutivo pretende evitar que el aumento de la mora que disparará la siniestralidad de este tipo de seguros, ahora muy baja, lleve a un aumento desmesurado del precio de contratación y un empeoramiento de las condiciones de comercialización. En los últimos meses, confirman fuentes del sector asegurador, ya ha comenzado a verse un repunte de los precios y un cada vez más difícil acceso, sobre todo para cierto tipo de pymes. Este tipo de compañías son el eslabón más débil de la economía y ya están sufriendo las consecuencias de la crisis, por lo que no poner fin a este problema dificultaría la recuperación, señalan desde el sector. 

La morosidad en los ICO

Más allá del escudo al riesgo de crédito, otro tema que preocupa en el seno del Ejecutivo es la morosidad que se pueda derivar de los créditos ICO que han sido avalados por el Estado en hasta un 80%. El cálculo del 30% de fallidos para el reaseguro público es una guía que pone de manifiesto el riesgo de los avales del ICO. En este sentido, las entidades financieras se han blindando con provisiones milmillonarias para hacer frente a la llegada de los impagos que ya se han empezado a notar pese a los periodos de carencia de un año que se firmaron en la mayoría de las operaciones. 

Bajo esta premisa, los clientes solo deben hacer frente al pago de los intereses durante, normalmente, el primer año, empezando a amortizar el principal a partir del primer trimestre de 2021. En cambio, y pese a estas facilidades, las entidades financieras ya están empezando a ver impagos, confirman desde el sector. Con este mar de fondo, la banca e incluso las propias patronales han solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez una modificación de los periodos de vencimiento y los de carencia con el fin de evitar la llegada de una ola de morosidad en unos meses. Tras las peticiones, Economía habría comenzado a negociar con Bruselas una adaptación de los avales del ICO a la situación económica actual, evitando disparar el riesgo para las cuentas públicas. 

Cabe recordar que el Ejecutivo puso en marcha una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros de la que, de acuerdo con las últimas cifras oficiales, ya se han otorgado unos 80.000 millones. Con ellos se han movilizado más de 100.000 millones de crédito y se ha avalado a unas 824.000 operaciones de pymes y autónomos, principalmente. Pese a que la banca admite haber realizado los análisis de riesgo de cada una de ellas “al dedillo”, los resultados que se están comenzando a ver y los continuos rebrotes y confinamientos ya dejan ver problemas para pagarlos. 

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