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Calviño frena el subsidio para 550.000 parados sin prestación que planea Díaz

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El Ministerio de Trabajo se está dando de bruces con las reticencias del área económica del Gobierno, que capitanea la vicepresidenta Nadia Calviño, en su empeño por sacar adelante el prometido subsidio para más de medio millón de parados que han agotado sus prestaciones durante la pandemia. Fuentes conocedoras del choque que se está produciendo entre ambos departamentos a cuenta de la que iba a ser una de las medidas estrella en materia de protección social para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los colectivos más vulnerables explican a La Información que el retraso que acumula esta iniciativa se debe a las restricciones presupuestarias que imperan tanto en Economía como en Hacienda y que ya están obligando a replegar parte del ‘escudo social’ activado en el pico de la emergencia.

Las fuentes consultadas admiten que la ayuda extraordinaria podría quedar finalmente en agua de borrajas, a pesar de la presión que están ejerciendo los sindicatos para que se haga realidad. Hay que recordar que se trata de un subsidio de 430 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones desde el estado de alarma y hasta el 30 de septiembre. Según las estimaciones iniciales, este ‘salvavidas’ podría llegar a beneficiar a más de medio millón de parados (unos 550.000). Es una medida que se introdujo por iniciativa sindical en el II ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo) firmado en junio con el Gobierno y las organizaciones patronales, y que el Ministerio de Trabajo ya tiene prácticamente lista, pero que no ha llegado a poner sobre la mesa del diálogo social porque tiene el freno de Economía.

Pablo Iglesias, María Jesús Montero y Nadia Calviño

“De manera inexplicable, el Gobierno ha demorado la concreción escrita del resultado de la negociación. En este momento aún no lo ha hecho, pese a que la negociación se inició bajo la premisa de una respuesta urgente a esta situación que ya debería estar en marcha”, denunciaron públicamente en un comunicado conjunto CCOO y UGT hace unos días. En el mismo escrito, los sindicatos evitaban “caer en el error de identificar la responsabilidad de esta cuestión en un Ministerio u otro” y hacerse eco sobre “quién tiene más o menos sensibilidad en esta materia”. Pero en privado, señalan directamente a Calviño y urgen a la responsable del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, a desbloquear los fondos necesarios para activar la medida.

Aunque el Ministerio de Trabajo no ha llegado todavía a trasladar de manera oficial el eventual impacto presupuestario de esta medida, un cálculo rápido aproxima el desembolso a los 710 millones de euros, tomando como referencia una triple nómina de 430,27 euros (el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM) para 550.000 beneficiarios. La idea de Yolanda Díaz era poner este subsidio en marcha durante tres meses, según trascendió en agosto, pero los sindicatos apostaban por una mayor cobertura que se alargara durante seis meses ante las dificultades para encontrar empleo en el contexto actual. Ahora, con las negociaciones en ‘stand by’, CCOO y UGT insisten en que “no hay razón económica, social ni política que justifique no resolver esta cuestión urgentemente”.

Que el subsidio acabe siendo una realidad o no es una incógnita. Otra que se suma a las dudas sobre el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Las cuentas públicas deberían incorporar esta partida, de haber intención de ponerla en marcha, pero en estos momentos las cuestiones que están terminando de cerrarse son las relacionadas con la subida de impuestos directos a las rentas altas o la regulación de los precios del alquiler, aspecto este último en el que es también la vicepresidenta Calviño la responsable de poner coto a las aspiraciones de Unidas Podemos, según detallan fuentes conocedoras de las negociaciones. Asimismo están terminando de perfilarse mejoras en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Pero además de la aprobación de este subsidio extraordinario, los sindicatos han exigido a Yolanda Díaz que active cuanto antes la negociación de la reforma de la protección por desempleo para dar una respuesta inmediata al conjunto de parados que carecen de protección (1,6 millones de personas registradas antes de decretarse el estado de alarma). “La intención es no dejar a nadie atrás, eliminar los vacíos de cobertura en la protección por desempleo y que España no pague la factura aumentando las desigualdades tal y como sucedió en la anterior crisis económica”, reclaman. La propia Díaz anunció esta reforma en sede parlamentaria, pero al no haberse llevado al diálogo social no se espera tampoco una partida específica en los PGE para mejorar la cobertura de este colectivo.

Recorte del gasto a la mitad

De hecho, en el plan presupuestario remitido a las autoridades europeas, el Gobierno plantea recortar casi a la mitad el gasto en desempleo el próximo año respecto al desembolso de 2020, ejercicio marcado por la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En concreto, se pretenden destinar unos 22.000 millones, frente a más de 40.000 millones este año. En paralelo, se reservan poco más de 700 millones para pagar prestaciones por ERTE en 2021, el equivalente a un mes. Aunque el Ejecutivo ha asegurado que no dejará caer los ERTE mientras sean necesarios, oficialmente el esquema finaliza en enero y una eventual prórroga estará sujeta a nuevas negociaciones con patronal y sindicatos.

Así las cosas, más de medio millón de parados siguen a la espera de la prometida ayuda. Si desde el propio Ministerio de Trabajo aseguraban hace solo unos días que el diseño estaba muy avanzado y se iba a convocar de manera inmediata a los agentes sociales para poder llevarlo al Consejo de Ministros este mismo mes de octubre, a día de hoy tanto los sindicatos como la patronal aseguran no tener noticias al respecto. El que iba a ser el nuevo gran hito en cobertura social de la coalición progresista podría finalmente esfumarse si persisten las reticencias del área económica del Gobierno.

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