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Calviño negocia en Bruselas ampliar los plazos de devolución de los créditos ICO

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La crudeza de una crisis económica más grave y duradera de lo que podía proyectarse en el inicio de la pandemia se ha impuesto al calendario previsto por el Gobierno para una eventual recuperación plena y, ante la amenaza real de una brusca escalada de la morosidad por la incapacidad que ya está advirtiendo el tejido empresarial para hacer frente a los préstamos tras el periodo de carencia, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha iniciado las negociaciones formales con la Comisión Europea para flexibilizar las condiciones de los créditos concedidos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), principalmente ampliando los plazos de devolución.

Fuentes del área económica del Gobierno explican a La Información que ya se ha puesto en marcha la maquinaria negociadora con Bruselas para adaptar los avales del ICO a la situación económica actual y venidera. Oídas las advertencias de empresas y autónomos sobre las dificultades que van a encarar a la hora de devolver los créditos y de las propias entidades financieras, que empiezan a ver de cerca el incremento de la morosidad y así lo están trasladando ya públicamente, en el Ministerio asumen que las condiciones generales que se habían establecido para la devolución de los préstamos se basaban en una recuperación económica que se esperaba más rápida, pero que se está retrasando, por lo que la realidad exige una ampliación de los plazos de devolución, flexibilizando los periodos de carencia o los de amortización.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

La propia Calviño admitía este miércoles durante la clausura del XIX Congreso CEDE en Valencia que se avecinan “meses duros a los que se debe reaccionar con mesura, prudencia y decisión”. Y en este contexto era tajante al afirmar que el Ejecutivo actuará siempre que sea necesario para apoyar al tejido productivo y al empleo, tomando nuevas medidas en caso de que sean necesarias y adaptando en cualquier caso las que ya están en vigor, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o los propios ICO. No sin resaltar la importancia de dar una respuesta común europea a la altura de los retos y el compromiso de organismos e instituciones comunitarias para mitigar los riesgos para el sector financiero.

Hay que recordar que la línea de avales del ICO está sometida a la normativa europea y cuando el Gobierno negoció su puesta en marcha con la Comisión se fijó un plazo de amortización de los préstamos de un máximo de cinco años. Las líneas, avaladas en un 80% por el Estado, cuentan además con un periodo de carencia de un año, por lo que las empresas y autónomos que solicitaron sus créditos tras la declaración del estado de alarma, cuando se activaron 100.000 millones de euros en varios tramos, han de empezar a devolverlos ya a partir de marzo o abril de 2021. Tanto desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) como desde la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) -ambos colectivos son los mayores beneficiarios de estos préstamos- han advertido de que, si no se amplían los plazos, habrá impagos a partir de la próxima primavera.

Los autónomos y las pymes, sobre todo aquellos que se dedican al sector de la hostelería o el transporte, están viendo mermados de forma muy importante sus ingresos. Los continuos confinamientos y las nuevas restricciones han hecho que la recuperación que esperaban para finales del verano y el principio de la nueva temporada se haya quedado en agua de borrajas. Esto ha llevado a que las obligaciones de pago adquiridas al comienzo de la pandemia sean ahora difíciles de afrontar. La banca ya contemplaba esta posibilidad a la hora de otorgarlos, por lo que impulsó créditos con periodos de carencia que permitiesen retrasar el inicio del pago del principal del préstamo, haciendo que durante los primeros meses el cliente solo se hiciese cargo de los intereses.

Felipe VI congreso directivos CEDE

Ahora, la banca no oculta su preocupación por el aumento de la morosidad. Las principales entidades financieras, como Santander, vislumbran que el pico de mora llegará durante el próximo 2021, como confirmó esta misma semana su CEO, José Antonio Álvarez. Y este miércoles BBVA, a través de su servicio de estudios BBVA Research, pedía al Gobierno “flexibilizar las condiciones de carencia y vencimiento de los créditos ICO si se consolida un entorno menos favorable”. La entidad azul advertía de que, ante la elevada incertidumbre, “debería considerarse extender las fechas para poder solicitar las líneas de crédito que tienen como objetivo impulsar a la inversión y mantener la posibilidad de que puedan apoyar a la liquidez si esta demanda existe en algunos sectores más dependientes del contacto social”.

Fuentes del sector financiero confirman que muchos clientes que están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia no pueden hacer frente a sus pagos. “Estamos viendo cómo créditos con aval ICO que firmamos en estado de alarma ya están sufriendo retrasos o directamente impagos”, señalan desde uno de los grandes bancos del Ibex. “Detectamos impagos incluso en clientes con periodo de carencia que no pueden hacer frente ni a 80 euros de intereses”, admiten las fuentes consultadas. Por todo ello, la banca ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se modifiquen los periodos de vencimiento y los de carencia con el fin de evitar ver en el primer trimestre de 2021 aumentos de morosidad que pondrían sus balances en una difícil posición. Todo ello pese a que el sector financiero ha hecho importantes provisiones para evitar que la mora lastre sus cuentas.

No solo los bancos o las propias empresas interesadas. Desde formaciones políticas como el PP se ha pedido al Gobierno que amplíe a seis años el plazo de amortización de las líneas ICO para “facilitar su devolución en un contexto económico más negativo que el inicialmente previsto”. Y dentro del seno del Ejecutivo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció recientemente durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados que existe “un problema general entre los negocios, pues se han encontrado con algo que estaba diseñado para devolverse en menos tiempo de lo que al final ha sido”, asumiendo así que la ampliación de los plazos “tiene todo el sentido del mundo”.

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