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El Banco de España recurre a Europa en su peritaje sobre la OPA de Caixa a BPI

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La causa de la Audiencia Nacional que investiga la operación de compra de BPI por parte de CaixaBank ha puesto el foco en el peritaje que el magistrado José de la Mata encargó al Banco de España el pasado verano. El instructor, siguiendo la estela de otros procedimientos penales que tienen a los bancos como protagonistas, libró oficio al supervisor a comienzos de julio para que analizara las operaciones supuestamente irregulares que indaga en este caso y que son, por un lado la OPA a la entidad lusa, y por otro, la línea de crédito de 400 millones de euros al Banco Financiero de Angola.

Según informan fuentes jurídicas a este medio, los inspectores designados para este trabajo han solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 5 que, a su vez, se dirija al Banco Central Europeo para recabar toda esta documentación. Esto es así porque, desde noviembre de 2014, el BCE es el competente de la supervisión bancaria de toda la zona euro. De este modo, pretenden recopilar toda la documental sobre la operación de compra del BPI ante la sospecha de que esta acción provocó un perjuicio para la entidad que preside Jordi Gual de 654,7 millones de euros. 

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¿Información privilegiada?

El otro punto clave de este procedimiento que arrancó hace ahora dos años es el crédito de 400 millones de euros al BFA que se produjo durante el proceso de compra del BPI. No obstante se trata de un asunto que han rechazado los que han declarado hasta la fecha en esta causa. De hecho, en su cita ante el juez en septiembre, la defensa legal de Caixa (imputada como personal jurídica) negó la existencia de esta operación que salpica a Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño Eduardo dos Santos. La querella que presentaron dos accionistas del banco ante la Audiencia Nacional recogía que el préstamo se negoció con la finalidad de que Dos Santos (que también es segunda accionista del BPI) eliminara las restricciones de voto del banco luso, de manera que Caixa tuviera vía libre. 

Igualmente, antes de la OPA se produjo la venta el 2% de acciones de BFA a una de las sociedades de Dos Santos. La reducción de peso de BPI dentro del banco angoleño produjo una pérdida en CaixaBank de 102 millones, siempre según el auto del magistrado De la Mata, el cual expuso que todos estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que en los peritajes aportados hasta ahora a la causa no se hace especial hincapié en esta operación y que los investigados, entre los que figuran el expresidente de la entidad Isidro Fainé y su consejero delegado Gonzalo Gortázar, rechazaron la existencia de esta operación. 

Con todo, el magistrado, que acaba de abandonar su puesto en la Audiencia Nacional tras ser nombrado representante legal de Eurojust, también puso el foco en los pormenores de la entrada en el capital de la entidad lusa puesto que esta se produjo previo contrato de permuta entre Caixabank con su accionista de control Criteria en diciembre de 2015. Este movimiento -que se llevó a cabo a la par que se creó una subdirección general responsable de Compliance– pudo haber provocado un roto de 654,7 millones de euros en tanto la transmisión de capital del BEA a Criteria se hizo al precio pactado en el contrato y sin incorporar las subidas de cotización que se produjeron. Los accionistas no lo pasaron por alto y denunciaron que el precio de referencia estaba fijado sin considerar que el BEA podría ser objeto de una OPA.

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Interrogatorios practicados

La consecuencia, según los denunciantes, fue un alza constante en la cotización entre los meses de mayo y agosto de 2016, lo que se tradujo en un impacto de 334,3 millones de euros. A ello habría que añadirle otros 370 millones de euros que es la cantidad que dejó de ganar CaixaBank desde que se firmó la permuta, en diciembre de 2015, hasta diciembre de 2017, dado que en ese tiempo no se pudo beneficiar de la revalorización latente. Sobre este punto, el director de la Asesoría Jurídica, Ignacio Redondo, expuso ante el juez en calidad de representante del banco que no hubo irregularidad alguna con la operación a la par que se escudó en su sistema de compliance. 

Del mismo modo se pronunció Fainé en su cita ante el juez la cual se aplazó en un primer momento por problemas con la videoconferencia y se celebró dos días después ‘in situ’ en la Audiencia Nacional. Por allí también han desfilado los exasesores de Fainé Alejandro García Bragado y Óscar Calderón Oya; además de Gonzalo Gortázar; el exdirector de cumplimiento normativo Juan Antonio Álvarez García; el exvicepresidente Antonio Massanell y Criteria Caixa y CaixaBank como personas jurídicas. Aunque la causa ya cuenta con el forensic de KPMG (encargado por el banco) así como por el aportado por los querellantes, De la Mata considera clave que los expertos del Banco de España plasmen sus propias conclusiones en un peritaje que marcará la línea a seguir en este procedimiento penal. 

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