Salud

El Gobierno avisa de que la falta de personal en las residencias impedirá frenar grandes brotes

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Todos los factores se aliaron para convertir las residencias de mayores en el agujero negro de la crisis del coronavirus. El Gobierno ha aprobado esta semana un esperado documento que analiza qué ocurrió en estos centros durante marzo y abril pasados y sus conclusiones son dramáticas: ni las residencias estaban preparadas para afrontar la covid-19, ni la administración supo dotar a estos centros de medios suficientes para frenar al virus, ni sus trabajadores recibieron la formación y la ayuda necesarias.

Pero además, el texto del Ministerio de Derechos Sociales pone luz sobre los días más terribles de la primera ola y reconoce que a muchos mayores se les negó atención médica por su edad. «Se cuestionó en algún momento la adopción de medidas generales respecto a la posible restricción en la hospitalización de personas mayores y personas con discapacidad», algo que no debía haber ocurrido, dice el departamento que dirige Pablo Iglesias, porque «no se puede dispensar la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida, ni difuminar la vida de cada persona mayor o con discapacidad en un grupo de iguales homogéneo».

«El cuidado integral de las personas mayores y de las personas con discapacidad en residencias ante la covid-19 es una obligación legal, ética, sanitaria y social», zanja el texto, que va más allá y subraya que la crisis de los geriátricos ha generado «sentimientos de inutilidad de las personas mayores, la sensación de ser una carga y no tener valor».

EN DATOS:

20.268
mayores fallecieron en residencias por covid-19 desde marzo hasta el 23 de junio.
50%
La mitad de los fallecidos de la primera ola fueron usuarios de residencias.

El ‘Informe del grupo de trabajo covid-19 y residencias’, que ha sido elaborado durante meses por la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y el Imserso, dependientes del Ministerio de Derechos Sociales, por las comunidades autónomas, por entidades científicas, por sociedades médicas y por asociaciones de mayores, pone cifras al drama: 20.268 mayores fallecieron en las residencias por coronavirus desde marzo hasta el 23 de junio: a 10.364 se les había realizado una PCR y 9.904 murieron con síntomas compatibles con la covid-19, pero sin prueba. Los residentes representaron entre el 47 y el 50% de los decesos de la primera ola y el 6% del total murió. En muchas residencias se contagió el 70% de los pacientes y el 20% de ellos falleció.

El documento, que entona el ‘mea culpa’ en varios epígrafes a los que denomina ‘Lecciones aprendidas’, admite que «cuando se adoptaron oficialmente medidas de limitación de visitas, salidas, etc. en las residencias (entre el 12 y el 18 de marzo dependiendo de territorios) el patógeno ya se había introducido en muchos centros». Y con el virus dentro, todo estaba perdido: el uso compartido de espacios, la difusión de la infección entre los usuarios cuando un centro se cerraba y la ausencia de equipos de protección impidieron que se frenaran los brotes.

Además, las direcciones de las centros no contaban con planes de contingencia y «se partía de ratios insuficientes de personal» que la pandemia diezmó aún más. Unas carencias que no se han solucionado, avisa el Ministerio: hay 0,3 trabajadores por cada residente y «con esa ratio, un eventual brote entre el personal que cause un importante número de bajas por IT (incapacidad temporal) dificulta enormemente el abordaje del brote y pone en peligro la continuidad de los servicios de manera casi inmediata», advierte Derechos Sociales, que expone la «devastación» y el estrés postraumático que ha sufrido el personal por no recibir el apoyo psicológico que hubiera necesitado. Mientras que a los médicos y a las enfermeras se les trató como a «héroes», «para las residencias la imagen fue negativa y desmotivadora».

En el informe, el Gobierno ofrece a las comunidades autónomas, responsables de la gestión de los geriátricos públicos, una serie de recomendaciones para elaborar sus propios documentos, de manera que se pueda evitar que las olas posteriores de coronavirus vuelvan a sumir en el caos a estos centros. Así, los expertos proponen que a partir de ahora, «el confinamiento de las personas que viven en residencia debe evitarse en lo posible y limitarse, en todo caso, a los casos sospechosos y/o positivos»; que se reserven «zonas y horarios para uso del espacio público (calles adyacentes [a las residencias] y/o jardines)» para que los usuarios puedan pasear sin riesgo de contagios; se deben garantizar equipos de protección de residentes y trabajadores para un mes de autonomía; realizar pruebas periódicas (test de antígenos o PCR) al personal; y «asegurar la dignidad en la última etapa de la vida (…) permitiendo la visita de familiares y allegados de forma segura».

Finalmente, el Gobierno recuerda a las comunidades su obligación de no abandonar a las residencias. «Los sistemas sanitarios autonómicos deben establecer con carácter previo y de forma coordinada con los servicios sociales las fórmulas de apoyo concretas a los centros residenciales en los diversos escenarios», agrega el texto.

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