Negocio

El Gobierno exige a Netflix y HBO que paguen el 5% de tasa por ingresos reales

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Y, finalmente, Netflix y el resto de plataformas deberán pasar por caja. Y lo harán en base a sus ingresos reales en España, aunque estos se canalicen a través de otras empresas matrices en Holanda o Irlanda. Así se contempla en el anteproyecto de ley audiovisual que ha iniciado la fase de audiencia pública este mismo viernes. Estas compañías, al igual que el resto de operadores del sector, deberán abonar un 5% de todo su volumen de negocio para financiar obras cinematográficas europeas, en caso de que, como es más que probable, sus facturación supere el nivel de los 50 millones de euros al año.

Con varios meses de retraso, el Gobierno ha iniciado el proceso de transposición de la normativa europea, que desembocará en una nueva ley audiovisual. Con ella, se pretende incluir dentro de la regulación -y de las obligaciones financieras- a las grandes plataformas de vídeo bajo demanda, que no estaban incluidas hasta ahora. Llega después de varios años de exigencia por parte de los grandes grupos privados como Mediaset y Atresmedia, junto con las operadoras de telecomunicaciones que ofrecen televisión de pago.

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En concreto, según han confirmado desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Avance Digital, se ha introducido una excepción a la norma actual por la que las obligaciones de financiación de cine europeo se extienda no sólo a las plataformas con establecimiento en España, sino también a las que no la tienen. Este último es el caso de Netflix, HBO o Amazon, que facturan por sus servicios en España desde empresas matrices radicadas en Holanda, Suecia o Luxemburgo, dada su estructura fiscal destinada a reducir la factura tributaria.

En este grupo también se incluirían otras plataformas como es Youtube, que tienen un modelo híbrido en el que se incluyen catálogos de productos audiovisuales de pago y una gran cantidad de vídeos producidos por los usuarios. En este caso, Google, matriz de la empresa de vídeo, deberá abonar la tasa sobre lo que genere el primer servicio.

Por tanto, estas plataformas que facturan más de 50 millones de euros por sus servicios de vídeo bajo demanda en España deberán abonar el 5% de todos sus ingresos a la financiación de obra europea (y el 70% de esa cantidad deben estar destinadas a producciones independientes). Estarán exentos los que generen menos de 10 millones al año.

Siempre, según ingresos reales

¿Cómo se va a controlar esos ingresos? Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la que vele por el cumplimiento y el registro de todos los datos vinculados a la actividad en el país (no tienen por qué ser públicos, por lo que no está asegurado que se pueda saber el número de usuarios o contratos firmados por estas plataformas). Por otro lado, la Agencia Tributaria podrá comprobar la veracidad de los ingresos reportados, aunque estos se generen en terceros países.

Hasta ahora, las cifras de Netflix y el resto de plataformas han sido una incógnita. Aunque, según las diferentes estimaciones de fuentes del mercado, deberían abonar en torno a 40 millones de euros anuales. Es decir, plantean que todas estas compañías generan unos ingresos anuales totales de 800 millones en este país.

Esta es la principal modificación de la la ley audiovisual que ahora se afronta con este nuevo anteproyecto. En este no se incluye nada que tenga que ver con la llamada ‘tasa RTVE’ para financiar el funcionamiento de la radiotelevisión pública y que deben abonar los grupos audiovisuales privados y las operadoras de telecomunicaciones (estas últimas llevan años tratando de tumbarla en los tribunales). Esta inclusión de Netflix y compañía en ese grupo deberá hacerse con la modificación de la ley que regular estas contribuciones. Desde la Secretaría de Avance Digital no se ha querido hacer ninguna valoración sobre posibles avances en este sentido.

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