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El Gobierno exige las cuentas del último trienio a empresas que pidan fondos UE

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El Gobierno está exigiendo un estriptis financiero a las empresas interesadas en captar el dinero de los fondos europeos ‘Next Generation’. Los distintos ministerios están empezando a lanzar ya sus respectivas “manifestaciones de interés“, el trámite burocrático previo a la elaboración y envío del boceto final de proyectos a la Unión Europea, mediante el cual se pretende identificar y localizar proyectos viables y solventes, orientados a la transformación del tejido económico y social en los términos establecidos en el ‘Plan de Recuperacion, Transformación y Resiliencia’. Según se establece en las fichas que ya se están moviendo en círculos empresariales, las compañías promotoras de los proyectos candidatos deben presentar a los distintos departamentos del Ejecutivo central los estados financieros de los últimos tres años, incluyendo la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance.

Moncloa está ultimando el texto legal que eliminará trabas burocráticas y cuellos de botella para agilizar la tramitación de los fondos comunitarios. 27.000 millones en 2021, 72.000 en los próximos tres años. Pedro Sánchez y sus ministros quieren exprimir al máximo el ‘maná’ de Bruselas. En este contexto, el Gobierno contempla en ese inminente decreto crear una figura mixta entre Estado y empresas, los denominados PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), una apuesta de colaboración público-privada para que las compañías no se arriesguen en solitario en este viaje. Según el último borrador, las que utilicen esta figura tendrán preferencia en el cobro de subvenciones porque se considerará que concurren razones de interés público y podrán percibir por adelantado hasta el 90% de las ayudas. 

Obra de Tragsa en la ciudad de Ceuta

Las firmas interesadas ya pueden comenzar a presentar sus proyectos a través de las distintas “manifestaciones de interés” abiertas. Lo que tienen que hacer es cumplimentar una especie de fichas en las que deben recoger toda la información y documentación que va a exigir Bruselas para desbloquear el dinero en juego. El Gobierno ejercerá de nexo. En estos documentos que deben rellenar las empresas promotoras de los proyectos se incluyen una serie de requisitos que hasta ahora no habían trascendido, como son la obligación de presentar los estados financieros del último trienio o la de indicar si la compañía se encuentra en la actualidad en una “situación de crisis, bajo un proceso de rescate o sujeta a una orden de recuperación de ayudas ilegales o incompatibles”. En principio se trata de datos que deben reflejarse en el sentido estrictamente informativo y que no son excluyentes para la recepción de las ayudas.

Según la documentación consultada por La Información -y que ya obra en poder de los sectores interesados- las empresas deben indicar en estas fichas que tienen que completar y remitir a los distintos departamentos ministeriales las características básicas de sus proyectos y sus objetivos, así como el estado de madurez de los mismos y los beneficios esperados, tanto en términos de impacto sobre la sociedad o el empleo como en términos de rentabilidad. También tienen que especificar el presupuesto total estimado y el plazo previsto de ejecución, con fecha de inicio y finalización. Asimismo, deben concretar quiénes son sus principales socios, empresas, entidades o administraciones colaboradoras del proyecto, describiendo su actuación y grado de participación y los eventuales spin-off o proyectos derivados. Bruselas quiere tener todo el proyecto fiscalizado.

En el apartado “evaluación económica y financiera del proyecto”, las compañías tienen que estimar un presupuesto total y el desglose por partidas, “incluyendo la información más completa y realista posible de que se disponga”, de acuerdo con las fichas consultadas. También están obligadas a decirle al Gobierno cuáles son sus ingresos esperados, todo ello a través de un Plan de Negocio en el que se especifique al máximo qué fondos propios aportará el promotor, sus necesidades de financiación externa (indicando si se contemplaría la participación minoritaria en el capital social de empresas públicas y en qué porcentaje), así como información sobre ayudas solicitadas y/o concedidas (tanto nacionales como europeas) para el proyecto o para un parte del mismo y el grado de apoyo público, en caso de ser necesario, para asegurar la viabilidad del proyecto.

Garamendi intenta convencer a Sánchez para que haya proyectos de gestión privada.

El primero en lanzar este trámite ha sido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se enmarcan dos de los cuatro ejes del Plan de Recuperación, como son la transición ecológica y la cohesión social y territorial, que se competan con la transformación digital y la igualdad y que en conjunto se desglosan en una decena de “políticas palanca”. La Vicepresidencia de Teresa Ribera, por tanto, ha sido pionera.

Por el momento, Transición Ecológica ha difundido manifestaciones de interés para dos proyectos tractores distintos: por un lado, para los relacionados con el hidrógeno renovable, enfocados a la descarbonización de la economía y, por otro, para aquellos focalizados a afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. En el primer caso, las empresas deberán enviar sus proyectos con anterioridad al 19 de diciembre de 2020 y su evaluación será llevada a cabo en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con el de Ciencia e Innovación. En el caso de los proyectos contra el declive demográfico, los interesados tendrán que remitir sus manifestaciones de interés antes del 23 de diciembre y en su valoración también podrán intervenir otros ministerios implicados.

Identificar proyectos viables

“Con el objetivo de ser eficaces y eficientes en el despliegue de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación”, Transición Ecológica lanza esta primera manifestación de interés, “para que todos los agentes interesados puedan disponer de un canal de comunicación”, de modo que sirva para “identificar y localizar proyectos solventes de hidrógeno renovable en España, su impacto en toda la cadena de valor y desarrollo industrial, así como en el empleo, conocer su efecto transformador en la economía, descarbonización y en la cohesión social y territorial”, indica el Ministerio, que con ello espera tener “un conocimiento de proyectos asociados a toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, desde el I+D+i hasta su uso final”.

En paralelo, se ha lanzado otra manifestación de interés orientada a “identificar y localizar proyectos solventes con impacto para el reto demográfico y la lucha contra la despoblación que ya se están llevando a cabo, en relación con algunos de los componentes que configuran el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. En particular, de cara a maximizar el impacto de los proyectos, se pretende identificar actores interesados en desarrollar actuaciones en materias clave para el reto demográfico y orientadas a los municipios de menos de 5.000 habitantes, como la transición energética o la bioeconomía (aprovechamiento sostenible de los recursos), la conectividad digital (banda ancha y móvil), los destinos turísticos sostenibles en el medio rural o la atención y cuidado de las personas en las áreas en despoblación.

El Gobierno continúa negociando con Bruselas los términos exactos de cómo deben articularse estas fichas para elevarse a la ventanilla comunitaria que se va a abrir en enero en la Comisión. Es el Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno quien mantiene una interlocución fluida con el equipo de Ursula von der Leyen para ser de los primeros países de la UE en comenzar a recibir los fondos en el primer trimestre de 2021.

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