Salud

El nuevo estado de alarma desemboca en un galimatías de 19 normativas

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Cuando el pasado 25 de octubre el Gobierno aprobó el tercer estado de alarma de esta pandemia en Moncloa aseguraron que, además de dotar a las comunidades de un marco normativo para evitar nuevos revolcones de los tribunales a la hora de decretar los confinamientos, se buscaba homogeneizar la respuesta de las 19 administraciones territoriales (17 comunidades y dos ciudades) involucradas a la escalada del virus en esta segunda oleada. Sin embargo, dos semanas después, cuando el primigenio decreto está a punto de caducar este lunes dejando a las autonomías vía libre sobre aplicar o no los toques de queda, aquel decreto supuestamente ‘homogeneizador’ ha desembocado en un auténtico galimatías normativo, hasta el punto de que a día de hoy no hay un solo territorio que coincida con otra región en las mismas reglas para frenar al coronavirus.

Las diferenciasen todos los niveles y no siempre la decisión de las autoridades de cada comunidad o ciudad autónoma de restringir derechos o movimientos está directamente relacionada con la situación epidemiológica. Y es que el famoso ‘semáforo’ sobre el riesgo de la pandemia basado en ocho indicadores y que fue aprobado el 22 de octubre por el Consejo Interterritorial de Salud, el instrumento que debía ser el faro para todas las autonomías, en realidad está siendo ignorado por casi todas las administraciones, hasta el punto de que hay territorios con altísimas incidencias con medidas mucho más laxas que otros con transmisiones mucho menores.

No hay ni siquiera acuerdo entre las comunidades sobre el que Moncloa pensaba que debiera ser el mínimo común denominador: la perimetración autonómica. Dos comunidades peninsulares, Galicia y Extremadura, se siguen negando en redondo a cerrar sus ‘fronteras’, un rechazo que sorprendió en el Gobierno, particularmente en el caso de Extremadura, que se niega a apuntarse a esta medida a pesar de tener una incidencia acumulada que se aproxima poco a poco a 600, y está ya por encima de la media nacional.

Una desescalada demasiado rápida que precipitó la segunda ola

Madrid, cuya perimetración regional el Ejecutivo central consideraba uno de los objetivos del decreto, ha logrado arrancarle al Gobierno de Sánchez un ‘confinamiento a la carta’, que incluye la potestad de abrir y cerrar los puentes sin ningún tipo de continuidad en la medida.

Cierre municipal

Si heterogéneo es el cierre perimetral, una fórmula que hace una semana se puso de moda y que en los últimos días parece haber desaparecido de los titulares, más aún está siendo el cierre municipal desde que se aprobó el decreto. Ahí la diversidad es total. Hay versiones para todo y las excepciones a esa prohibición también son diferentes. Algunas comunidades como el País Vasco o Cantabria confinan todos los municipios sin excepciones; Cataluña solo prohíbe esos desplazamientos durante el fin de semana; en Andalucía se han perimetrado 450 de los 785 municipios aunque también se prohíbe la salida de algunas provincias; otras autonomías como Aragón, Asturias, Murcia o La Rioja solo confinan los núcleos con más incidencia…

Es curiosa la posición de Galicia, Extremadura e Islas Baleares. Mantienen confinados a sus municipios con más incidencia pero sí que permiten a sus ciudadanos abandonar la comunidad porque ésta no está perimetrada.

Algo parecido, pero no igual, está pasando en Madrid, que introduce la enésima variante a los confinamientos territoriales. Los madrileños pueden moverse libremente por las otras comunidades que siguen abiertas, eso sí siempre que no sea puente y que no vivan en ninguna de las zonas básicas de salud (ZBS) asiladas. Estas ZBS solo son usadas en Madrid como demarcación.

A la espera de que las autonomías (todas menos Canarias en donde no hay estado de alarma) decidan esta semana si siguen aplicando el toque de queda (una opción que la inmensa mayoría de territorios ve con buenos ojos), la actual diversidad de horarios copa todo el abanico que permitía el decreto. Hay comunidades como La Rioja que están en el arco de máximas restricciones (desde las 22:00 hasta las 5:00 horas); otras que han apostado por la horquilla mínima como Madrid (de 00:00 a 6:00 horas), pasando por autonomías como Baleares que impone un toque de queda especial en algunos territorios como Ibiza a la que obliga a estar en casa dos horas antes que al resto.

Las fórmulas también se han revelado de las más dispares en las restricciones a la hostelería, la modalidad que esta semana se ha convertido en la gran apuesta de casi todos los territorios para tratar de esquivar el encierro en casa. Hasta ocho comunidades (País Vasco, Murcia, Cataluña, Navarra, Asturias, Castilla y León, Galicia y La Rioja) han impuesto el cierre total de los bares y restaurantes en todo o parte de su territorio. Entre estas comunidades hay algunas de las más castigadas por la segunda ola (como Navarra) pero también de las que menos (Galicia), según los criterios fijados por el ‘semáforo’ de Sanidad. Aragón (que está entre las autonomías más afectadas) solo ha ordenado el cierre de los bares a las 20:00 horas. Al margen del amplio abanicos de aforos o la prohibición de la barra, otra autonomía, Cantabria, ha introducido otra fórmula, de restricciones en la hostelería que es la de la prohibición de ejercer esta actividad en el interior de los locales.

Un «complicado»decreto para garantizar la cogobernanza

«Estos 17 reinos de taifas, donde cada rey sale cada día anunciando cosas diferentes no me gusta nada». La frase esta semana del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hace días que venían oyéndola en Moncloa en boca de otros barones y dirigentes socialistas. El Gobierno temía que pasara algo así. De hecho, analizó otras formas jurídicas dentro del mismo decreto para dejar menos manga ancha a las autonomías.

Sin embargo, aun con los riesgos que entrañaba, Sanidad y Presidencia insistieron en que el texto debía hacer «garantizar» la prometida «cogobernanza», incluso a costa de que el decreto, como ha ocurrido, desembocara en un guirigay normativo. Un confuso sistema jurídico que, además, reconocen algunas fuentes del Gobierno, a veces carece de garantías, ya que se va modificando sobre la marcha, como ha ocurrido con la negativa inicial, luego rectificada, a dejar que Madrid cerrara solo los puentes tras «forzar»una «curiosa»interpretación jurídica.

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