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El presidente del CSN lleva al Consejo de Estado la disputa sobre pagos en especie

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El nuevo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena, recibió dos días después de ser nombrado, en abril de 2019, un regalo envenenado: un informe de la Abogacía del Estado que ponía en cuestión los pagos en especie aprobados en la etapa anterior, por importe de medio millón de euros, distribuidos a los 450 empleados del organismo entre los años 2015 y 2018. Serena ha decidido declarar la nulidad del reparto aprobado bajo la presidencia de Fernando Marti y, según la documentación a la que ha tenido acceso La Información, ha solicitado el dictamen del Consejo de Estado, que ha abierto expediente y ha efectuado dos requerimientos de información adicional al Consejo.

Hacienda, con el apoyo de la Abogacía del Estado, cuestiona el reparto de cheques restaurante en el CSN porque no contaba con informe favorable previo del Ministerio -algo que estaba previsto en la Ley de Presupuestos Generales de 2015-y porque su cuantificación “debería haber estado incluida en la masa salarial del personal laboral”. 

La argumentación, sometida al dictamen del Consejo de Estado, es diametralmente opuesta a la que mantuvo la asesoría jurídica del organismo cuando se aprobó el pago.  Según la documentación, el informe de la Subdirección de la Asesoría Jurídica “consideró la distribución de los vales de comida al personal como vía directa y sencilla para articular prestación social para el personal del CSN”. Una forma de compensar reducciones en los fondos de acción social y la congelación de salarios por la crisis.

Cuestión de fondo y de forma

El fondo estaba claro -fuentes internas del CSN explican que todo se hizo de buena fe-, pero no así la forma. El pleno del Consejo presidido por Marti autorizó la tramitación de los contratos para adjudicar los tickets de restaurante en dos reuniones -18 de febrero de 2015 y 8 de marzo de 2017-. Sin embargo, no consta ningún acta previa del Pleno sobre el asunto. 

Javier Dies, consejero del CSN a propuesta del PP, en una reunión de la OIEA en 2017.

El dictamen de la Abogacía del Estado da pie a considerar los pagos en especie como indebidos y abre un proceso que podría costar en torno a 1.000 euros a cada empleado del CSN. El informe jurídico del CSN detalla que la Abogacía se ha basado como precedente “en el supuesto acaecido en otro organismo supervisor, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que también aprobó pagos en especie en su momento, aunque en ese caso lo hizo en el marco de la negociación del convenio colectivo.

El informe del CSN deja claro que, ni el nuevo presidente Serena, ni su equipo,  quieren tragarse el sapo de Hacienda; menos aún cuando, según fuentes al tanto del caso, el interventor dejó clara la reclamación en 2018, aunque el asunto ha estado larvado y silenciado hasta fecha reciente. “A partir del 1 de abril (de 2019)” señala el documento “se produjo el nombramiento del presidente y de tres nuevos consejeros del CSN que, una vez tuvieron conocimiento (de los expedientes), comenzaron a adoptar medidas con el objetivo de impulsar las acciones jurídicas dictaminadas por la Intervención delegada y la Abogacía del Estado con el fin de cumplir los procedimientos legalmente establecidos en relación con la nulidad de las citadas entregas de cheques restaurante”.

Inquietud en el personal

La reclamación de Hacienda ha generado una gran inquietud entre el personal del CSN y los sindicatos. En la Asociación Profesional de Técnicos del Consejo (ASTEC) hay voces que reclaman la intervención del Ministerio de Transición Ecológica para hacer los cambios en los que es competente, entre los que incluyen la secretaría general del organismo. 

El debate de los pagos en especie es la primera piedra en el camino tras la renovación del organismo el pasado año que permitió al PSOE recuperar el control del Consejo gracias al pacto con Unidas Podemos. La renovación llevó al CSN un  referente del movimiento antinuclear, Francisco Castejón. Las otras tres incorporaciones fueron  la catedrática de física atómica Elvira Romera Gutiérrez, la portavoz de energía en el Congreso del PSOE, Pilar Lucio Carrasco, y el ingeniero industrial Josep María Serena i Sender, actual presidente.

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