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El socio de Albella dice que conocía el asesoramiento de Linklaters al Popular

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La causa penal sobre la causa del Banco Popular vuelve a centrarse en la ampliación de capital. En el marco de la ronda de testificales, el magistrado José Luis Calama Teixeira ha tomado declaración a Jorge Alegre, socio de Sebastián Albella en el despacho que asesoró la ampliación de capital. El abogado ha confirmado en sede judicial que el todavía presidente de la CNMV conocía el encargo de la entidad pese a que en su turno ante el juez éste minimizó su participación en el asunto delegando responsabilidades en su compañero de Linklaters. No obstante, éste ha acotado su intervención asegurando que la asesoría prestada fue exclusivamente jurídica y que no tuvo papel alguno en la elaboración de la nota de valores sobre el aumento del capital social. 

El magistrado citó a ambos a declarar toda vez recabó información del Santander y del propio despacho para esclarecer en qué consistió este cometido, valorado en cerca de medio millón de euros. Tras recibir las actas de los consejos del Popular en las que participaron para explicar los pormenores, el instructor llamó a Albella, el cual declaró en septiembre. Entonces relató que la revisión de toda la documental que envió el banco presidido entonces por Ángel Ron la realizó Alegre y que su intervención en el asunto fue de índole “técnica y jurídica. Además, también ratificó lo que explicó en el Consejo del 25 de mayo de 2016 en relación al proceso de ampliación de capital. Su participación consistió en aclarar que “nunca una operación de refuerzo de capital debería suponer responsabilidad de ningún tipo” si los consejeros contaban con la información correcta.

En la sesión de este jueves, Alegre ha apuntado en esta vía aunque ha dejado claro que Albella supo desde el principio que Popular había efectuado el encargo al despacho. De hecho, y según fuentes jurídicas consultadas por La Información, el presidente de la CNMV se enteró de la existencia de este encargo apenas unos días después de que así lo solicitaran a Linklaters a mediados de mayo de aquel año. En concreto, fueron el vicesecretario del Consejo Javier Lleó y el consejero y miembro del comité de Auditoría José Heraclio Peña los que consultaron directamente con Alegre. Según ha explicado el abogado, éste asumió el asunto directamente y se puso a trabajar en el mismo porque había cierta premura. El acuerdo, en cualquier caso, fue verbal.

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella

Enfado del juez

El magistrado José Luis Calama Teixeira ha mostrado su enfado en ese punto concreto de la testifical al cuestionar que un trabajo que costó 486.500 euros no tuviera un contrato por escrito. Igualmente ha apercibido al testigo cuando una de las defensas le ha preguntado por su participación en el consejo del 25 de mayo y su referencia a la ley de sociedades de capital. En concreto se le ha requerido por las manifestaciones que realizó Albella en aquella cita, meses antes de llegar a la presidencia de la CNMV, en la que expuso que se estaba “ante un ejemplo de acuerdo” en el marco de la citada Business Judgement Rule. Es decir, que si los consejeros tomaban decisiones de buena fe y estaban debidamente informados, se considera que actuaban con la diligencia requerida. 

Sobre este punto Alegre ha vuelto a minimizar el papel de Albella asegurando que no participó con los equipos de trabajo en el asesoramiento sino solo en la disertación teórica de los hechos. Tanto es así que ha asegurado que su única intervención se produjo cuando fue contactado por el entonces secretario del consejo, Francisco Aparicio, para que fuera a explicar la operación valorada en 2.505 millones de euros. Ello le ha valido el reproche del juez acerca de que tenía que ser más claro en sus explicaciones sobre el verdadero papel que tuvo en este asesoramiento Albella. Cabe recordar que bajo su presidencia la CNMV expedientó a Ángel Ron y al resto de gestores del banco por presunta falsedad en las cuentas de ese ejercicio 2016.  

Así pues aunque el todavía presidente del regulador insiste en que su intervención en todo este proceso fue puntual, los exdirectivos imputados en la causa buscan probar que la ampliación, que es uno de los puntos clave de la investigación, se llevó a cabo con todas las garantías. De hecho, así lo expusieron algunos de ellos durante su interrogatorio, como es el caso de Ángel Ron o del exvicepresidente Roberto Higuera. Mientras el primero de ellos aclaró que invitaron al Consejo a Albella para tomar una decisión con la información necesaria, el segundo apuntó que la conclusión del entonces socio de Linklaters era que se actuó en todo momento de un modo “informado y diligente”. Alegaron al respecto que el asesoramiento fue integral y que, además de redactar la nota de valores, Linklaters preparó el folleto de la ampliación en base a toda la documentación mercantil y contable que le facilitaron los auditores del Popular. 

 

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