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Fernández ultima la gran reforma de la CNMC en plena liza por los reguladores

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Corren tiempos de agitación y cambio, también para los reguladores. En pleno debate político por el control de la renovación de organismos como la CNMV, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la Autoridad de Resolución Bancaria, el FROB, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha decidido dar un paso adelante para conseguir mayor independencia y autonomía en una institución clave para el buen funcionamiento de los mercados. La nueva presidencia impulsa una reforma en profundidad del funcionamiento interno de la Comisión y de su Estatuto, según confirman fuentes al tanto del proceso.

Fernández quiere más transparencia y más margen de maniobra. Además de acabar con los nombramientos a dedo en puestos clave,  impulsa una reforma del armazón legal de la CNMC. Lo hace cuando se mantiene el pulso político por el control de organismos pendientes de renovación y una vez que los socios de coalición de Gobierno PSOE y Unidas Podemos han asegurado mayorias de control en la propia CNMC y en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La CNMC, creada en 2013 por la integración de los seis organismos supervisores que estaban en funcionamiento entonces, está formalmente adscrita al Ministerio de Economía, aunque Administraciones Públicas decide la retribución de consejeros y altos cargos y Transición Ecológica interviene en la parte de presupuesto relacionada con la supervisión del mercado energético.

Más medios y más eficaces

Fernández, experta en Competencia, justifica sus planes de reforma en la legislación comunitaria. Fuentes conocedoras del proceso explican que una de las bases fundamentales es la directiva UE 2019/1. La norma intenta dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros “de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior”. Un paso para remediar un grave problema que explica la propia directiva: en muchos casos, el derecho nacional impide a las ANC (Autoridades Nacionales de Competencia) “tener las garantías de independencia, los recursos y las facultades de aplicación e imposición de multas que les son necesarios para poder hacer cumplir las normas de competencia de la Unión de manera eficaz”.

Cani Fernández, futura presidenta de la CNMC durante su comparencia en el Congreso.

En los cuatro meses transcurridos desde su nombramiento, la presidencia de la CNMC ha dado pistas del camino que pretende transitar al convocar concursos públicos para cubrir puestos clave en la secretaría general, la dirección de Energía y la dirección de control interno. Formalmente, la normativa no obliga a realizar una convocatoria pública para nombrar altos cargos -directores generales- en la Comisión, pero Fernández ha apostado por dar publicidad a la elección. 

La modificación del marco normativo que regula el funcionamiento interno de la CNMC, incluido el Estatuto Orgánico, es importante para un organismo que ejerce de vigilante en los sectores clave de la economía: energía, telecomunicaciones, sector postal, medios audiovisuales, ferrocarriles y aeropuertos. Hasta la fecha, el consejo, formado por 10 miembros propuestos por los partidos y aprobados en el Congreso,  se organiza en dos salas: una dedicada a temas de competencia (Sala de Competencia) y otra a la supervisión de sectores regulados (Sala de Supervisión Regulatoria).

Divisiones y polémicas

La división en salas ha provocado en el pasado fricciones entre el anterior presidente, José María Marín Quemada -que ejercía la presidencia de Competencia- y la vicepresidenta María Fernández, que presidía la Sala de Regulación. La reforma en estudio puede afectar a esa división y al complejo mecanismo de relevos de los consejeros entre ambas salas, que se adoptó para dificultar una posible “captura del regulador” y esquivar así el riesgo de un peso excesivo de la opinión de los regulados sobre los miembros de la CNMC.

Tanto el Estatuto como el Reglamento de la CNMC prevén la rotación periódica de los ocho consejeros entre las dos áreas del organismo. Según el Reglamento, es el pleno del consejo -presidente, vicepresidente y ocho consejeros- el que tiene que decidir, por mayoría de seis votos, los cambios y rotaciones que se deben publicar cada año en el mes de diciembre en el BOE. Todo ello puede cambiar.

La presidenta de la CNMC,  tiene clara la dirección de la reforma, pero sus detalles concretos todavía no han llegado a los ministerios implicados. En Economía, al menos, no se conocen, si bien fuentes del departamento admiten que un cambio como el que se apunta desde el organismo entra dentro de la lógica y de lo posible. Fernández cuenta con la confianza de Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y conoce de primera mano -fue responsable del bufete Cuatrecasas en Bruselas- todas las teclas legislativas supranacionales que pueden reforzar sus tesis. Las va a utilizar.

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