Política

Francisco Iglesias Carreño: «Constitución: De la data’1931 a la data’1978»

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Los hechos conceptuales en torno a las territorializaciones de lo que, ya en la Edad Contemporánea -.-en el transito del paso del Antiguo Régimen hacia el llamado Estado Liberal -.-, de algún modo asimilamos/encuadramos/atribuimos por España, se puede decir que comienzan con el Nomenclátor de Floridablanca y en los albores y/o prolegómenos de la llamada “Guerra de la Independencia” (que en algunos referencias se denomina “Guerra contra los franceses”), pasando en una ilación seguida a ser `cuestión general´ con la I República y , ya posteriormente, con mayor incidencia con la II República y desde entonces hasta nuestros momentos de actualidad diaria.

Es ya aquí, en ese abocamiento del Siglo XX (después de una acción de presentación del Siglo XIX), donde las territorializaciones, donde de aquellos antes como `órganos propios´ en a disponibilidad de la centralización, diseñados desde la observancia pro-gubernativa madrileña, para el control orgánico directo del Gobierno de turno desde Madrid, se hacen más mayestáticas al pasar `de los solos y escuetos hechos administrativos´ hacia otras consideraciones más complejas de indudables índoles políticas, como también, y en acompañamiento añadido, de otras consideraciones (culturales, antropológicas, económicas, lingüísticas, sociales, ambientales,…) de mayor enjundia, importancia y trascendencia, Siendo ya en los albores de los años treinta donde las escenificaciones alcanzan sus rasgos de más especificidad y concreción.

Tenemos que de las quince regiones constitucionales españolas de la data del 9-12-1931, ya hemos llegado, por diversos conductos, a las mismas quince regiones constitucionales españolas en la data del 6-12-1978. La CE’1931 contiene, en sí misma, la completa `organización territorial española´-.-. reglada y conformada-.-, con las quince regiones y sus correspondientes cincuenta y dos provincias españolas adscritas. Y al hacerlo mantiene y territorialmente compactado el Mapa Teselar Regional Español {MTRE} que, por la acción constituyente, lo transforma en el Mapa Regional Constitucional Español {MRCE} -.- lo cual es oficialmente relevante -.-, al que dota de una básica `umbralidad común´ (para todo el bloque regional español) y ello con salvedad e independencia de sí, `a posteriori´, unas regiones españolas sí hayan optado hacia la cualidad y/o categorización de ser regiones autónomas y otras no.

Esta situación se refleja en un ejemplo práctico, ya que, por la Ley 15-9-1932 (tras el 9-9-1932 de su aprobación en las Cortes Españolas), el espacio regional de Cataluña adquiere la cualidad y/o categoría de ser Región Autónoma, pero tal situación y ello debemos indicarlo, no hace que abandone, ¡en ningún momento!, el `umbral común´ que mantiene en el conjunto de las quince regiones españolas, de aquí su `participación igualitaria´, como una región española más, ¡una más!, en las elecciones para la composición de Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República.

Diríase que prima, en lo de la perdurabilidad temporal, el ser «comunidad regional del común» frente o en comparación de ser comunidad regional autónoma, pero que en ambas situaciones permanece, en sus quince especificaciones, el ser «comunidad de ciudadanos».

Tal escenificación procedimental, lejos de ser superflua y/o baladí, es en nuestra apreciación de extraordinaria importancia legal y jurídica, pues establece la articulación, conformada y estructurada, de `la acción constituyente´ {de: (1°) los valores constitucionales, (2°)los derechos constitucionales y (3°) los deberes constitucionales}, en todo lo que atañe y afecta a la situación [en (a) valoración, (b) gradación y © prevalencia] de todos `los hechos regionales españoles´ {HH.RR.EE.}.

La normativización constitucional sitúa la priorización del «hecho regional», en sus quince sujetos actores, sobre la consideración de la «cualidad autonómica», en la singularización de cada región, pero al hacerlo señaladamente establece, y en gradación expresa, una conceptualización en el Derecho, al reflejar como básico aquí, en lo constituyente, los `hechos regionales´ y dejarlo como propio y asentado. La clave del `hecho regional´ es, como no podía ser de otro modo, la propia existencia previa, y hasta antecedente, de las quince regiones españolas.

Se origina pues, y entendemos que en Derecho, un marchamo umbral cuál es la existencia regional -.- de las quince regiones españolas -.- como situación apriorística {ligada por tanto a lo establecido en el R.D. de 30-11-1833} que se impone, en prelación activa, sobre las ulteriores cualidades y en las significaciones autonómicas, es más, en nuestro criterio señala, y lo hace de forma fehaciente, que es este origen del «hecho regional español» la base fundamental, y por ello umbral, de aplicación constitucional, distinguiendo perfectamente entre:

1°) «lo obligado» constitucionalmente
-.- presencia constituyente de las quince regiones españolas-.-
2°) «lo voluntario» constitucionalmente -.- opcionabilidad de que cada región, desde su decisión interna, a que pueda ser región autónoma -.-.
3°) la ligazón entre «lo obligado» y «lo voluntario» -.- patentiza que no se deja, ¡en ningún momento!, de ser región y atribuye la cualidad autonómica a un orlado de la propia e iniciática situación regional.

La especificación de `ser región´, se activa como hecho permanente ligado al texto constitucional. Tal requisito además se hace apriorístico y, por ende, de obligada constatación para que se pueda optar -.- por seguimiento de la vía constitucional-.-, desde la “propia voluntariedad singular regional”, para pasar a ser `región autónoma´.

La propia participación del `bloque regional español´, con todas y cada una las quince regiones españolas, en las elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales {T.GG.CC.} así lo avala, ya que:

1°) lo ejercitan unísonamente las quince regiones españolas
2°) escenifican su igualdad regional procesual operativa
3°) actúan desde un conocido concreto espacio regional configurado perimetralmente.
4°) son convergentes en la aplicación de la legalidad.
5°) no hacen dejación de su condición regional.
6°) actúan en respaldada conformación social
7°) promueve representaciones regionales paritarias.

Es relevante aquí, y en nuestro criterio, el que se constate como durante todo tramo temporalizado del régimen/sistema/dictadura del ciudadano español Franco Bahamonde Salgado Araujo y Pardo de Andrade (D. Francisco Paulino Hermenegildo Teodúlo), el “bloque regional español” permanece en su composición nominativa republicana y no así en otras cualificaciones orlativas opcionales, tales como las cualidades autonómicas regionales (la Región Autónoma de Cataluña fue disuelta de su especificación y cualidad autonómica por la Ley 5-4-1938, véase el BOE n°535 de 8-4-1938, pero no, ¡y nunca!, de su condición constituyente de «región española», tampoco de la adscripción regional en toda Cataluña de los ciudadanos regionales catalanes y , claro está, en el mantenimiento de su gentilicio regional [Téngase muy en cuenta que ello incide, para toda España, en todo el conjunto de las quince regiones españolas]).

La CE’1978 contiene, en sí misma, la completa organización territorial española con las quince regiones y sus correspondientes provincias adscritas, al igual que lo hizo la CE’1931, pero además, ¡y a mayores!, incorpora el referéndum constituyente, o sea se establece cuspidalmente sobre la libre expresión democrática soberana de la Nación Española. Los ciudadanos españoles, desde su propio y directo protagonismo regional respectivos, en todas y cada una de las quince regiones españolas, votaron en la data del 8-12-1978 por el propio reconocimiento constituyente de las mismas y con lo que ellas, todas y cada una de ´las quince regiones españolas”, llevaban aparejado desde su concepción.

Tal camino de “pervivencia constitucional”, de las quince regiones españolas, ha tenido lugar en el mantenimiento de toda la sociedad española con sus vivencias en los arraigamientos regionales respectivos, que la propia CE´1978 categoriza con tratamiento constituyente.

Guste o no guste, ¡en el ahora y en el aquí!, estamos a la data del año 1978, concretamente del 6-12-1978 y por decisión soberana de todo el Pueblo Español. Eso es lo que prevalece, operativamente obliga y manda, por ello ciudadanamente se debe acatar.

La España Nación, las de las quince regiones históricas y constitucionales, parece que tiene eso, es lo que es y no es, ni ha sido nunca, otra cosa.

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