Política

Francisco Javier Gonzalez Rojo: «La emergencia de un convenio político para sanar y re-prestigiar España»

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La degradación de valores sociales contagia la degradación política que, a su vez, degrada instituciones, símbolos, entidades, organismos nacionales, formando una espiral degradante que agrava, cada vez más, el desprestigio y deterioro de un país. Ello, dificulta, por ejemplo, la implorada financiación nacional, la inversión extranjera, infecta la credibilidad de las empresas en el contexto internacional y, cómo no, se traduce en un creciente daño socioeconómico. Caso de España.

En la manera de hacer negocios de la época de esos mayores que sufragaron la actual Seguridad Social y la construcción de hospitales y que, ¡a cuántos!, el coronavirus se los ha llevado por falta de material sanitario y atención hospitalaria, bastaba con estrechar la mano para cerrar un trato. El emprendedor de éxito, además de visión a largo del negocio, reunía, mínimamente, tres virtudes, ser trabajador incansable, no decir nunca “no” sino “cuesta tanto” y ser formal que era ser honesto y consecuente. Hoy ni un contrato asegura la palabra dada, no importa lo que le ocurra al que venga y tienen más valor, la información privilegiada, el soborno o el oportunismo a cuenta de la desgracia. Lo que antes era excepcional se ha convertido en recurrente y si bien siempre existieron corrupción, corruptelas y conseguidores ahora están generalizadas y esa estafa social que pertenecía al ámbito del gobierno central y de las altas esferas administrativas, se ha extendido a todos los rincones.

Allá, en la transición democrática, a la política se entraba por ideología, más tarde, por la notoriedad que se obtenía, derivando en un modo de ganarse la vida. Si de aquella, en los Partidos, primaba el ideario, se evolucionó a la búsqueda de cuota de mercado del voto, caducando en el activismo profesionalizado.

Aquellos burócratas, sindicalistas y profesionales arriesgados por sus ideas, se sustituyeron por la oratoria de enseñantes y el entrenamiento de los ocupantes de puestos y cargos por oposición que, a su vez, lo han sido por el oportunismo de la militancia política remunerada.

La ideología se ha sustituido por el marketing político, los programas por la estrategia electoral y la gestión política por la picaresca, la manipulación, la seducción de los “media” y de los medios y los influyentes del ocio y el entretenimiento. La política ha dejado de ser un fin social para transformarse en un fin en sí misma.

Por primera vez en este período democrático en España no es la economía la que tumbó a un partido político en el gobierno sino un golpe de estado parlamentario de un partido con representación muy minoritaria apoyado por un conjunto de partidos políticos cuyo vínculo se teje con fines que debilitan, como nunca, a España como identidad.

Tal estrategia tuvo éxito por la estratagema de quien estaba en el poder evitando malograr a su partido.

Quien era presidente arriesgó negociar con el nacionalismo antes que anticipar la convocatoria de elecciones, lo que facilitó una moción de censura apoyada por aquellos, favorecedores interesados de gobiernos frágiles, lo que regaló la llegada del proponente a la Moncloa pero acalló la voz de quienes serían sus contrincantes en la oposición, mientras que en una posible convocatoria de elecciones, según encuestas, ese partido hubiera relegado a su formación política al ostracismo.

Esa forma de acceder al poder, más que dirigir, conlleva a utilizar su potestad, anteponer tácticas oportunistas a la acción de administrar, lo que ocasiona un irremediable descrédito si se utilizan sectariamente instituciones y organismos estatales que deberían estar alejados del manoseo político, si no se protegen símbolos y se mal gestionan formas del Estado y si se produce una cierta degeneración democrática por el abuso de subterfugios legislativos hasta, incluso, plantear reformas constitucionales con intereses partidistas.

Evidentemente la situación extremadamente crítica española requiere de un gran pacto político alternativo que convenza a los financiadores de su economía.

Veamos, antes de que llegara la pandemia a España estuvo el relator especial de la ONU para la pobreza extrema, denunciando, entre otras, la penuria energética sin dar soluciones. Supóngase que en los edificios en los que el gasto energético corre a cargo de las Administraciones Publicas se esté dejando encendida la calefacción encontrándose deshabitados, tardes, noches, fines de semana y vacaciones navideñas, el corte de ese despilfarro podría aliviar tal precariedad energética. Se trataría de una decisión del Ejecutivo focalizada y a corto plazo en la que bastaría con sustituir a sus responsables para cambiar esa mala gestión. Sin embargo, reducir el coste de la energía, implica actuar sobre el conjunto del sistema energético español, algo mucho más complejo y a más largo plazo, pues implica, con toda seguridad, hacer tabla rasa de la maraya legislativa que protege la facturación energética. Sería una función del Legislativo que exigiría el acuerdo de todos los actores de la política económica española.

Al hilo de lo anterior, por un lado, la emergencia nacional actual y su prácticamente imposible necesitada gestión política tendría que pasar por un imprescindible consenso político a fin de convenir un Ejecutivo, con reputación muy muy acreditada y acotado en el tiempo y mucho más reducido que el acomodador y fútil gobierno actual, que la gestionara y, por otra parte, porque se forjaran unos acuerdos sociopolíticos que acometiesen el futuro de España, sus disfunciones sistémicas, como su rediseño estructural, la cirugía de los tumores del perenne déficit público y déficit comercial, su re-prestigio. Para evitar unas consecuencias inimaginables que recordará la historia, ni valen acuerdos puntuales, ni buenismos que no sirvan para revirar la deriva actual, ni pretender blanquear a toda costa el resultado del golpe parlamentario.

Que no se dude que es la economía la que pone y quita gobiernos, que las crisis económicas desnudarán la gestión de sus dirigentes y que la degeneración política e institucional de un país fomentará el detrimento de los servicios públicos, más pobreza nacional y mayor desigualdad social. Que no se dude que España precisa una reconstrucción inminente, pero ante todo, de la fiabilidad de su gestión política para, entre otras, facilitar la ayuda económica imprescindible de sus socios europeos y la inversión foránea sin la cual, esta pandemia, dejará llagas muy dolorosas sin curar en lugar de cicatrices sociales ya de por sí demasiado profundas y remarcadas. Que no se dude de esa urgencia de re-prestigiar España.

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