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Hacienda pone en la picota al gigante Nokia en vísperas del despliegue de 5G

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Nokia está llamada a ser uno de los grandes actores del despliegue de las redes ultrarrápidas 5G en los principales mercados en Europa y Estados Unidos. Y justo ahora la Agencia Tributaria ha puesto en el radar a la multinacional finlandesa por primera vez en los últimos años, precisamente cuando España se encuentra a las puertas de la nueva ola de expansión de la futura tecnología. Los inspectores investigan prácticamente todos los impuestos pagados en los dos últimos años por dos de las principales filiales del grupo en nuestro país. Esa inspección aún está en curso y ha sufrido, como otras muchas, un retraso por la paralización de plazos ante el coronavirus. La multinacional finlandesa confía en el 5G para recuperar el crecimiento en territorio español tras años de caída por la fuerte competencia con Huawei y Ericsson, sus dos grandes rivales del sector.

Fue en el primer semestre de 2019, cuando ya estaba en el horizonte la subasta del espectro radioeléctrico del 5G -que finalmente fue retrasada por el Gobierno por la pandemia-. La Agencia Tributaria inició una investigación sobre el Impuesto de Sociedades, IVA o IRPF, los principales de su factura fiscal, pagados entre los años 2014 y 2016 por las dos filiales con las que opera en el país. Según la legislación, cuenta con más de dos años para tener un pronunciamiento, plazo que se incrementa ante la paralización por el coronavirus. 

Tony Jin Yong Huawei

El caso es bastante complejo según confirman los responsables de la compañía: “Es un proceso amplio y complejo que está siendo abordado por múltiples ángulos tanto por parte de la inspección como por el departamento fiscal de Nokia”. Debido a que aún queda mucho hasta que haya una primera acta de liquidación, los finlandeses insisten en que hoy no es posible realizar una estimación aproximada ni del riesgo ni del importe del eventual a pagar. Es la razón por la que no han provisionado nada por este concepto a la espera de que avance el procedimiento.

Esta compleja inspección contrasta con la ausencia de investigaciones de calado en sus más directos rivales en la industria de las infraestructuras de telecomunicaciones. En el caso de la china Huawei, especialmente castigada por la guerra comercial y las presiones de Estados Unidos, la Agencia Tributaria no pone la lupa sobre sus cuentas desde el año 2014, cuando le exigió algo más de 3 millones de euros. Por su parte, Ericsson, el otro bastión europeo, sólo recibió la visita de los inspectores para un tema muy concreto a petición propia: las deducciones de I+D. El resultado fue el pago de algo más de 700.000 euros.

5G, como ‘salvación’

Más allá de los ‘affaires’ con Hacienda, Nokia se agarra, precisamente, a todos los despliegues de las redes 5G como el salvoconducto para mejorar los números en España. Tanto ellos como el resto de competidores se encargan de aportar toda la tecnología a las grandes operadoras de telecomunicaciones. Y debido a que no hay grandes despliegues de redes móviles, su principal especialidad, sus ingresos siguen cayendo de manera progresiva. El pasado año lo hizo un 9% (446 millones de euros). “La industria ha comenzado a mostrar ciertos signos de ralentización, resultado de los altos niveles de endeudamiento de las operadoras y sin que se haya producido el esperado despliegue de la tecnología 5G”, precisan. Es por eso que esperan que estas redes supongan un incremento en los niveles de inversión de sus clientes. Mientras eso sucede, siguen reduciendo su plantilla. El último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se produjo en abril del año pasado con la salida de 100 empleados en la filial principal (hasta bajar de los 900).

Para conseguir ese nivel de inversión con el 5G no tendrá que esperar mucho. Los primeros despliegues se iniciarán en el próximo año. Este mes de diciembre se completarán los primeros trámites de la subasta de espectro radioeléctrico en la banda de 700 MhZ -que será la que ocupen estas redes- que tendrá lugar formalmente en el primer trimestre del año. Aún así, ya este año 2020 se han ido firmando los primeros contratos con las operadoras. La propia Nokia, junto a Ericsson, serán las encargadas de aportar toda la tecnología para Telefónica, que irá reduciendo de manera progresiva la presencia de Huawei, tal y como anunció hace unos meses. Sólo ha firmado esa alianza, pues Orange ha elegido a los suecos y a la china ZTE.

Pese a que hay algunas referencias a la situación macroeconómica y las dificultades de un mercado especialmente castigado como el de las telecomunicaciones, los mensajes no son, ni mucho menos, tan duros como los que emitió Ericsson en su memoria anual contra el Ejecutivo español y las dificultades para la gobernabilidad que achacaba a la coalición de PSOE y Podemos. Los suecos advirtieron de la “inestabilidad política que vive el país tras la moción de censura del 2018, que motivó la llegada de un nuevo presidente del Gobierno, apoyado con partidos nacionalistas y populistas”. Y fueron más allá: “La gobernabilidad está siendo muy complicada al tener dos partidos en coalición en el poder que necesitan del apoyo de sus socios de gobierno de índole separatista”.

Otros litigios de Nokia

La visita de los inspectores de Hacienda no es el único frente que tiene abierto Nokia en España. En junio de 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la declaró responsable de abuso de posición de dominio, imponiéndole una sanción de 1,7 millones de euros, ante la reducción de los márgenes durante la oferta de mantenimiento del sistema de telecomunicaciones de Adif . Esta decisión ha sido recurrida y hoy está admitida a trámite por la Audiencia Nacional, sin que haya aún sentencia. Este movimiento ha tenido otra consecuencia: uno de los proveedores, Kontron, le exige otros 26,5 millones por daños y perjuicios.

Por último, hay otro caso levantado por la propia CNMC donde Nokia también tiene una supuesta responsabilidad. Se trata del expediente sancionador a ocho empresas y cuatro directivos por la presunta creación de un cártel en la prestación de servicios de seguridad y comunicaciones en la red ferroviaria. En ese grupo de compañías se encontraba la multinacional finlandesa. Debido a diferentes retrasos y reclamaciones de información, aún no hay un pliego de cargos formal, con las acusaciones contra ellos.

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