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La OCDE exige a los países que digan a los ciudadanos la pensión que les espera

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El informe anual sobre los sistemas de pensiones en el mundo que la OCDE ha publicado este jueves pone el acento en la presión financiera extra que la situación creada por la Covid-19 va a introducir en la sostenibilidad financiera de los esquemas públicos de garantía de rentas tras la jubilación  y subraya la necesidad de que los gobiernos de todo el mundo auditen sus sistemas para garantizar lo que denomina “la adecuación de los ingresos durante la jubilación”, es decir, el volumen de gastos que los sistemas están dispuestos a asumir a futuro para cumplir sus objetivos, tanto de retribución a las personas que han dejado de trabajar como de equilibrio financiero para impedir que estos esquemas se conviertan en un lastre para las economías locales. El tema no es menor: la OCDE augura que en los próximos años y en función de lo que dure la crisis post-Covid los sistemas de pensiones van a verse sometidos a una presión financiera extrema, tanto en los casos en que descansan en la prestación proporcionada por el sistema público – como en España – como en los que su generosidad depende de las aportaciones a los sistemas complementarios.

Ante la excepcionalidad del contexto, la OCDE realiza una serie de recomendaciones a los países para reordenar sus sistemas de pensiones y hacerlos sostenibles y pone en el foco una de las principales carencias del sistema público de pensiones en España: la falta de información oficial sobre la pensión futura que les espera a los trabajadores que han contribuido durante la totalidad de su vida o durante una buena parte de ella con sus cotizaciones a generarse sus derechos a futuro. El organismo internacional sostiene que en un contexto de tanta incertidumbre como el actual los sistemas deben calcular “las proyecciones de ingresos futuros en la jubilación” no sólo por una cuestión de transparencia sino también de evaluación del cumplimiento de los objetivos del sistema. 

Fotografía pensiones dignas / EFE

La OCDE recomienda a los países que antes de adoptar cualquier reforma realicen un ejercicio de los objetivos de sustitución de rentas que pretenden alcanzar y que se lo cuenten a la población. En otras palabras, que les cuenten a sus ciudadanos cuál es la prestación pública que pretenden garantizar a los trabajadores de rentas bajas, a los trabajadores de rentas medias o a los trabajadores que están en el límite más alto de cotización. ¿Se quiere que los trabajadores de rentas bajas, por ejemplo, perciban durante su jubilación el 100% del sueldo que cobraron durante su vida laboral? ¿Esa tasa de sustitución debe ser del 80% para las rentas medias o del 50% para las rentas más altas? Y a partir de esa decisión de política económica, comunicarla a los ciudadanos para que adopten las decisiones pertinentes y orientar las reformas que se hagan a esos objetivos. No es lo que se ha hecho en el Pacto de Toledo…

Y dentro de ese ejercicio, comunicar también a los ciudadanos cuál es la prestación económica que les espera en el futuro cuando se jubilen. No se trata de ninguna ocurrencia audaz. De hecho, es una recomendación que el Pacto de Toledo hizo ya en 2011 y un compromiso gubernamental que lleva cerca de una década sin cumplirse: el envío a los hogares de los españoles de la célebre ‘carta naranja’ en la que se les comunicaría a partir de la información disponible sobre su vida laboral la cuantía de la pensión que percibirían en el momento de su jubilación.

El ejercicio de transparencia definitivo del sistema de pensiones lleva años suspendido por las razones más peregrinas. En los años inmediatamente posteriores a la crisis se apeló al coste económico del ejercicio – algo más de tres millones de euros – para retrasar su cumplimiento, luego se apeló a la consolidación de las reformas en curso, a la complejidad administrativa del ejercicio, a los problemas jurídicos que podría ocasionar por si se considerara esa estimación como un derecho adquirido…hasta la fecha siempre se ha encontrado una excusa para no hacerlo. Algo curioso cuando el Gobierno ha legislado para que los planes de pensiones privados sí proporcionen esa información a sus clientes.

Pide más apoyo a las aportaciones a planes de pensiones

El informe, que no analiza la situación del sistema de pensiones país por país, sí contiene otro tirón de orejas implícito al Gobierno de España. La OCDE entiende que ante la situación creada por la Covid y el previsible repliegue de la inversión en ahorro previsión de los ciudadanos, probablemente más acuciados por atender sus necesidades más urgentes que por ahorrar para su jubilación, sería conveniente que los países habilitaran ayudas para incentivar las aportaciones de empresas y trabajadores a los planes de pensiones complementarios. Justo lo contrario de lo que acaba de hacer el Gobierno de España, que ha recortado de 8.000 a 2.000 euros la desgravación fiscal en el IRPF a las aportaciones de los trabajadores a sus planes de pensiones privados.

El Gobierno recortará los incentivos fiscales a los planes de pensiones.

El organismo internacional dedica otro de los capítulos del estudio al impacto de la Covid en los sistemas de pensiones. La OCDE advierte de que puede tener efectos negativos sobre la prestación futura de determinadas cohortes de trabajadores de mayor edad, que se han podido quedar ahora sin empleo y que probablemente se vean forzados a jubilarse anticipadamente, con el recorte de sus prestaciones a futuro que ello podría ocasionar. En este sentido, se muestra favorable a introducir medidas que cubran esas lagunas de cotización. Por otra parte, advierte que la mayor mortalidad de personas de mayor edad no va a tener un efecto muy relevante sobre las finanzas de los sistemas de pensiones, ya que la reducción transitoria del número de beneficiarios se verá diluida por la tendencia a mayor gasto de los sistemas. Estima que a nivel global la mayor mortalidad entre los mayores provocará una reducción del 0,2% de los perceptores, pero una reducción muy inferior de los gastos para el sistema.

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