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Las réplicas de los impagos se dejarán sentir en las cuentas públicas por los avales del ICO

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lanzó la primera advertencia: los avales del Estado, que buscaban favorecer que los bancos no cerraran el grifo del crédito a las empresas, primero para hacer frente a sus pagos corrientes -con una línea de garantías de 100.000 millones de euros- y después para acometer inversiones -con avales de 40.000 millones-, pueden terminar engordando el déficit y la deuda públicos.

Ello se debe a que si quien ha recibido el crédito no puede devolverlo, ejecutaría el aval del que, en este caso, el titular es el Estado. La AIReF ha requerido datos a la Administración sobre el riesgo asociado a los créditos que garantiza y la situación de los prestatarios para estimar los efectos en las cuentas públicas.

Hasta el momento se han realizado 818.208 operaciones de financiación con un importe avalado (arriesgado por el Estado) de más de 77.000 millones de euros. El 98% de sus beneficiarios son pequeñas y medianas empresas y autónomos.

El Estado no garantiza la totalidad de los créditos, sino un 80% a las pymes; un 70% a las grandes compañías; y un 60% a las refinanciaciones.

El periodo de amortización de los préstamos es de cinco años, por lo que el impacto presupuestario se repartiría en este lustro. Pero el economista Alfred Albiol incide en un punto: estos créditos tienen un periodo de carencia de hasta un año, por lo que muchos de ellos pueden entrar ya en morosidad en la primavera de 2021 porque sus titulares no tengan capacidad de afrontar ni los primeros pagos.

La normativa de los avales no establece periodos de carencia, sino que éstos se pactan entre el banco y el cliente, por lo que pueden haber carencias negociadas más cortas, lo que invita a pensar que la morosidad podría aflorar incluso antes.

Joaquín Maudos, investigador del IVIE, resalta que hay préstamos concedidos a empresas de sectores muy castigados, y si la pandemia obliga a seguir con restricciones de actividad, la morosidad aflorará, lo que afectará al déficit y también a los beneficios de las entidades (en muchos de estos créditos, el 30% de las pérdidas las asumen los bancos).

Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, descarta que los bancos hayan hecho la vista gorda con los riesgos de los créditos con la perspectiva de que es el Estado el que correría con el grueso de la factura en caso de impago.

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