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Moncloa opta por una ley a medida para facilitar la ejecución de los fondos UE

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Moncloa aspira a que esta misma semana se pueda poner el broche al trabajo que durante las últimas semanas han desarrollado organizaciones empresariales, abogados del Estado y representantes de algunos de los bufetes más prestigiosos en materia de derecho público del panorama nacional – entre los que se cuentan Garrigues, Uría Menéndez, Cuatrecasas y KPMG- para disponer el marco regulatorio necesario para una ejecución diligente y efectiva de los 27.000 millones de euros en fondos europeos que el Ejecutivo espera poder gestionar en 2021 y sobre los que descansan en gran medida las opciones de recuperación de la economía española tras el duro varapalo recibido por la Covid-19.

El Gobierno había anticipado que buscaría los cuellos de botella y los obstáculos administrativos existentes en la legislación nacional para identificarlos y eliminarlos, pero el devenir de los trabajos técnicos realizados en estos días parecen haberle convencido de la conveniencia de abordar primero lo urgente – la necesidad de ejecutar una cantidad de fondos europeos sin precedentes- y posponer, al menos de momento, lo importante: la persistencia en la normativa nacional de obligaciones formales y disposiciones legales que dificultan el desarrollo ágil de programas de inversión. Según fuentes conocedoras de los trabajos, el Gobierno se ha decantado por utilizar el Real Decreto Ley comprometido para antes de final de año al objeto de garantizar la agilidad en la ejecución de los fondos europeos para diseñar un marco normativo ‘ad hoc’ para el dinero procedente de Europa y por dejar para más adelante la supresión de la normativa española de contratación de aquellos aspectos existentes en la norma y que entorpecen la ejecución de los planes de inversión.

No son ajenos a esta decisión los mensajes recibidos desde Bruselas en relación a la posibilidad de relajar el muy garantista marco de contratación pública europeo, en cuanto a plazos y concurrencia de ofertantes….pero sólo para los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno tenía la opción de ir más allá en la eliminación de los obstáculos existentes en la normativa de contratación y en la presupuestaria a la hora de gastar los recursos públicos para, una vez puestos a agilizar, aligerar los trámites administrativos de toda la inversión pública, pero la conclusión a la que ha llegado el Ejecutivo es que eso se podrá ir haciendo poco a poco en los próximos meses. Ahora toca facilitar la aplicación de los fondos europeos en el momento en que éstos empiecen a llegar, una incógnita ésta última que podría despejarse esta misma semana cuando el reglamento que regulará la aplicación de esos fondos se va a debatir en el Parlamento Europeo.

Según las fuentes consultadas, una de las claves de bóveda del modelo diseñado por los expertos convocados por el Ejecutivo será la rehabilitación del modelo concesional, aparcado en los últimos años por los fiascos acumulados en algunas grandes infraestructuras de carretera, pero ideal para los fines que persigue el Ejecutivo con los fondos europeos porque permite agregar inversión público-privada y acelerar la ejecución efectiva de los proyectos. En otras palabras, permite un retorno rápido de la inversión efectuada en términos tanto de cumplimiento de objetivos – que es lo que Bruselas va a exigir a los países receptores– como de generación de actividad y empleo – que es lo que necesita la economía española.

La orientación del modelo hacia la concesión pública se alinea con las aspiraciones de los grandes contratistas del escenario doméstico: las grandes constructoras, que en su día se convirtieron en gigantes multinacionales por el brutal desarrollo de las infraestructuras que tuvo lugar a finales del siglo pasado y principios de éste al calor de los fondos de cohesión y que ahora aspiran a teñir de verde sus balances con el eje de la transición ecológica. Las fuentes consultadas, no obstante, avanzan que la norma también pretende agilizar la constitución de otros instrumentos de colaboración público-privada como los consorcios, las sociedades de garantía mixta o los fondos de inversión público-privada.

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Pese a que el Gobierno ha limitado el perímetro de actuación de los expertos convocados por Moncloa y la CEOE a la definición del marco regulatorio más adecuado para la ejecución de los fondos europeos, las fuentes consultadas avanzan que éstos van a formular algunas recomendaciones adicionales en orden a mejorar el marco legal de la contratación pública en España, que esperan que sean atendidas más adelante.

En esa ‘Carta a los Reyes Magos’ ocupa un lugar prioritario la derogación de la Ley de Desindexación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 y que desde entonces desvincula la actualización de los costes de los contratos público del IPC y los vincula a un indicador de costes operativos que deja un margen bastante amplio para exigir una gestión más eficiencia a las empresas contratistas. La norma ha sido una fuente permanente de conflictos entre las empresas y la Administración, ha alejado a no pocos grandes proveedores de los contratos públicos y según las empresas no ha mejorado la prestación de los servicios.

En relación al esquema que aprobará el Gobierno de forma inminente, fuentes empresariales advierten de que de nada servirá un marco ágil de contratación si luego las adjudicaciones se realizan en base a criterios de precio y sin evaluar el valor técnico de las propuestas. Por eso subrayan que tan importante como el marco normativo, será el sistema de gobernanza que se establezca por parte del Gobierno para seleccionar las ofertas y adjudicar los fondos. De ese modelo poco se sabe todavía.

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