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Moncloa recurre a cinco bufetes para diseñar la ejecución exprés del fondo UE

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El Gobierno ha impulsado la creación de una unidad jurídica de élite formada por cinco de los despachos de abogados más prestigiosos del país en el área de Derecho Público y representantes de CEOE para intentar desbrozar el camino a la ejecución efectiva de la millonaria partida de fondos europeos que si se cumplen las previsiones empezará a llegar a España a partir de 2021, según informan fuentes gubernamentales. El grupo empezó a trabajar hace apenas unos días y sus reuniones se están celebrando con la más absoluta discreción, en un intento por preservar tanto la identidad de los despachos a los que ha recurrido Moncloa como la de los representantes empresariales que están participando en las reuniones. Las fuentes consultadas sí precisan, sin embargo, que el objetivo de estas reuniones es identificar los obstáculos legales que pueden entorpecer la movilización de los recursos procedentes de Europa y señalar los canales jurídicos más adecuados -ya sea dentro de la normativa vigente o a través de una nueva norma ‘ad hoc’- para asegurar la aplicación más ágil de esos fondos, y que sus conclusiones deben estar listas la próxima semana.

El reto es crear una ‘autopista legislativa’ que permita aplicar esos recursos con la fórmula que sea más adecuada, pero sin tener que atravesar los peajes administrativos que jalonan los procesos de contratación pública en la normativa ordinaria y que dilatan de forma a veces alarmante los plazos entre que se decide una inversión y ésta se empieza a ejecutar. El Gobierno es consciente de que no se puede permitir ese ‘timing’ si quiere aprovechar los recursos procedentes de Europa para alimentar una recuperación rápida de la actividad económica y ya avanzó el día de la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que uno de sus cimientos sería un Real Decreto Ley para eliminar los obstáculos legales que enredan los procesos de contratación pública.

El problema es que buena parte de esos ‘obstáculos’ proceden de las garantías que las autoridades han decidido imponer en los procesos de contratación pública para evitar los espacios de arbitrariedad que en el pasado han permitido la aparición de casos de corrupción, y se concretan en una Ley de Contratos del Sector Público que entre otras cosas traslada los principios de una directiva europea de obligatoria transposición. El asunto, por tanto, no es sencillo. “En España se ha terminado construyendo un derecho de contratación defensivo. No está pensado para facilitar la gestión de los contratos públicos sino para evitar casos de corrupción y ello provoca distorsiones, claro”, reconoce una fuente jurídica.

Los trabajos de la unidad de élite impulsada por el Gobierno se están centrando en ‘desbrozar’ dos grandes leyes: la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017 y la Ley General de Subvenciones del año 2003, según las fuentes gubernamentales consultadas. Más allá de las recomendaciones específicas que realicen tanto los representantes empresariales como los profesionales de la abogacía para mejorar el rendimiento de estas leyes, el debate de fondo se sitúa en si será suficiente retocar el marco normativo actual para conseguir ese objetivo de agilizar la utilización de los fondos europeos o por el contrario habrá que crear alguna especie de marco transitorio específico para facilitar la aplicación de los mismos.

La vicepresidenta Nadia Calviño, con el comisario europeo, Paolo Gentiloni.

La rigidez del marco español de contratación pública a la hora de optimizar el aprovechamiento de los eventuales fondos europeos que pudieran llegar a España es una preocupación del Gobierno casi desde el principio. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, empezó a dejarla ver ya por el mes de abril cuando encargó a los ministerios un informe de las reformas que se podrían llevar a cabo para impulsar la recuperación de la economía tras el brutal parón económico generado por la pandemia y pidió expresamente que las reformas se acompañaran de un informe jurídico que identificara las trabas legales que podrían condicionar su puesta en marcha.

Más recientemente, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea también ha recordado que hay países con niveles de aprovechamiento de los fondos europeos muy bajos, en relación a España e Italia, que van a recibir un volumen de fondos europeos y que es posible que tengan dificultades para manejar, señalando a un posible efecto de cuellos de botella.

Fuentes jurídicas señalan que más allá de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, en los contactos informales que funcionarios del Ministerio de Hacienda han mantenido con los despachos en los últimas semanas también han salido a la palestra los problemas que la actual normativa presupuestaria genera a la hora de aplicar de forma urgente recursos públicos – y que condicionaron la adquisición de material sanitario en el mercado chino en los primeros compases de la crisis- y también las distorsiones que crea la Ley de Desindexación en las grandes concesiones públicas. En fuentes del mercado aún se recuerda como ese factor resultó clave para que los grandes fondos de inversión internacionales acabaran perdiendo el interés por el Plan Extraordinario de Infraestructuras de Carretera (PIC) que trató de impulsar el Gobierno del PP en la última etapa del Gobierno Rajoy y que pretendía movilizar 5.000 millones de euros a base de captar inversión privada.

La Ley de Desindexación lleva años en el punto de mira de las empresas contratistas del Estado y según fuentes jurídicas “es uno de los elementos que hace de España un destino poco apetecible para la inversión privada” en los contratos y concesiones del sector público. ¿El motivo? La norma exige desvincular la revisión de los contratos con el sector público de la inflación lo que deja a los contratistas expuestos a eventuales incrementos de precio en los productos o servicios necesarios para la prestación del servicio en cuestión, que la Administración no asume y termina soportando el contratista contra la rentabilidad acordada en contrato.

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