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Trabajo confirma la congelación salarial para 2021 en mitad del ‘caos’ estadístico

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El Ministerio de Trabajo está detectando movimientos sensibles en el registro de convenios colectivos. Las comisiones negociadoras están pactando la suspensión de los aumentos salariales previstos hasta el mes de marzo de 2021 por los efectos de la Covid-19. Así lo revela la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral en un informe en el que deja patente, además de esta congelación salarial pactada entre empresarios y sindicatos, que la crisis del coronavirus ha provocado un caos sin precedentes en el proceso de elaboración de las estadísticas que son competencia del departamento que dirige Yolanda Díaz y de otras que son responsabilidad de su colega de Seguridad Social, José Luis Escrivá

Las organizaciones sindicales ya venían planteando la renuncia a las subidas salariales pactadas como alternativa a los descuelgues unilaterales (la herramienta legal que permite a la empresa inaplicar las condiciones laborales pactadas en los convenios) para priorizar, ante todo, el mantenimiento de las plantillas. Una cesión que se plasma ya en los registros: “Se observan algunos efectos sobre ciertos convenios, como la suspensión de los aumentos salariales pactados hasta marzo de de 2021 por parte de las comisiones negociadoras a causa de la Covid-19, recoge el informe elaborado ad hoc por los técnicos del Ministerio para medir el impacto de la pandemia sobre la información estadística.

(I-D) El presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el líder de UGT, Pepe Álvarez; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuevas; y el líder de CCOO, Unai Sordo, conversan durante el acto de firma del VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC) entre CEOE y Cepyme, y CCOO y UGT, en la Fundación SIMA, en Madrid (España), a 26 de noviembre de 2020. 26 NOVIEMBRE 2020;YOLANDA DIAZ;ASAC Marta Fernández / Europa Press 26/11/2020

En el documento se explica que la crisis sanitaria ha alterado el proceso de elaboración de las estadísticas, “ante las dificultades para recopilar la información, lo que ha provocado demoras en su recogida, dificultando su producción”. Por ejemplo, se detecta un impacto directo sobre algunas estadísticas de periodicidad mensual, como la de mediación, arbitraje y conciliación o la de convenios colectivos, por la dificultad de transmitir información por parte de las empresas y la ralentización de la actividad negociadora. También en el registro de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) “debido a la avalancha de procedimientos presentados en los inicios de la crisis”.

Respecto a la negociación colectiva, el informe (elaborado en octubre) apunta a que el estado de alarma y el confinamiento afectaron de manera importante al registro de convenios, con una bajada considerable de las nuevas firmas respecto al mismo periodo de años anteriores. Como referencia, entre enero y septiembre de 2020 se registraron 330 convenios, frente a los 737 de 2019. Asimismo, los trabajadores afectados se han reducido de más de 1,4 millones a algo menos de 420.000 en este ejercicio. Pero lo más llamativo que incluye el dossier es la suspensión de las alzas salariales pactadas hasta marzo de 2021, lo que indica que el Ministerio es plenamente consciente de la congelación de sueldos que viene.

Qué esperar de los sueldos

Hay que recordar que el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, con vigencia 2018-2020, planteaba mejoras salariales anuales del 2% más un punto porcentual ligado a cuestiones como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral. Mientras en el conjunto del año pasado los aumentos se situaron dentro de esta horquilla, en este ejercicio los incrementos se han moderado por debajo del 2% y se han ido reduciendo drásticamente por los efectos de la crisis de la Covid-19, tal y como recogen los nuevos convenios firmados. Como adelantó La Información, los agentes sociales renuncian a renovar el pacto en lo poco que queda de año, por tratarse de una cuestión imposible de abordar en un momento como el actual en el que las empresas están ahogadas.

Aun así, el Gobierno mantiene su intención de aprobar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confirmó ayer durante la rueda de prensa de presentación de datos del paro que el Ministerio se reunirá con los agentes sociales a partir de la próxima semana para escuchar sus propuestas. La intención inicial del Ejecutivo era alcanzar los 1.000 euros mensuales, pero fuentes conocedoras de los contactos informales que se mantienen estos días avanzan que la cifra podría quedarse por debajo, “en algún punto entre los 950 euros actuales y esos 1.000 euros de referencia” y apuntan a una “subida simbólica” que no haga demasiado daño al tejido productivo. 

Garamendi, Álvarez y Díaz, en la firma del último acuerdo de agentes sociales.

Dejando de lado la cuestión salarial y retomando los efectos de la crisis en las estadísticas, Trabajo admite en su informe un fuerte impacto de la Covid en el mercado laboral, aunque saca pecho de herramientas como los ERTE para amortiguar la destrucción de empleo. Eso sí, admite que el aluvión de solicitudes presentadas por las empresas ha dificultado la remisión de información por parte de las autoridades laborales responsables del ámbito provincial y autonómico, de modo que el Ministerio solo dispone de la información sobre los procedimientos en el ámbito estatal, que han experimentado por la pandemia “un incremento sin precedentes”, mostrando una recuperación progresiva desde mayo y una recaída a partir del mes de septiembre con la segunda ola de contagios.

Por último, destaca otra estadística que se ha visto especialmente afectada por la pandemia, como es la de mediación, arbitraje y conciliación, debido a la disminución de la actividad. En el periodo de enero a agosto los procedimientos asociados a despidos resueltos en los SMAC se redujeron en un 46,6% respecto a los registrados en el mismo periodo de 2019, con 87.927 frente a 163.261. Asimismo, la estadística de Asuntos Judiciales Sociales recoge un descenso importante de los asuntos resueltos por la falta de actividad jurídica durante el estado de alarma, con una disminución del 38,8% en el primer semestre del año respecto a igual periodo de 2019, hasta 113.997 asuntos resueltos en los Juzgados de lo Social. Mientras, en el segundo trimestre se resolvieron 33.395 asuntos, repartidos en conflictos individuales, colectivos y de seguridad social, un 63,6% menos.

Estadísticas ‘inmunes’ 

El proceso de elaboración de otras estadísticas no se ha visto afectado por la pandemia, como el número de empresas inscritas en la Seguridad Social -que se redujo considerablemente en paralelo al fuerte descenso de la actividad económica y que aún no se ha recuperado del todo- o el número de contratos de puesta a disposición, que registran directamente las empresas de trabajo temporal (ETT) y que sufrieron una caída interanual del 28,3% en el periodo de enero a agosto (810.414 contratos menos, hasta 2.057.631). Tampoco se ha visto afectada la estadística de conflictividad laboral, que mide las huelgas, y lógicamente se han visto reducidas con motivo del confinamiento. Mientras otras, como la de siniestralidad laboral, se han adaptado para recogerla información sobre accidentes de trabajo consecuencia del contagio por Covid-19.

Entre tanto, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han programado actuaciones de control del fraude en los ERTE, tanto para la detección de altas indebidas a la Seguridad Social o empresas ficticias como de la percepción fraudulenta de prestaciones por desempleo en situaciones de actividad laboral, “más frecuentes, según se observa, en la modalidad de teletrabajo”, indica el informe. Con la desescalada se programó una oleada de inspecciones a las empresas y, con la información estadística disponible en octubre, la Inspección ha realizado 40.226 actuaciones, que han dado lugar a la apertura de 29.571 expedientes, de los cuales 15.796 están finalizados y 13.775 están pendientes, la mayoría en hostelería (el 36%), comercio (16,6%) e industria (9,1%). El importe total de las sanciones impuestas en los expedientes resueltos asciende a 7.758.828 euros y el importe de los expedientes liquidatorios a 2.548.741 euros.

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